La jueza María Eugenia Capuchetti no quiere secuestrar y analizar el “celular o los celulares” de Gerardo Milman en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dejó en claro al rechazar un pedido que hizo el fiscal Carlos Rívolo después de la última declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, una exsecretaria del diputado de Juntos por el Cambio que relató que, el 10 de noviembre del año pasado, su excompañera Carolina Gómez Mónaco la llevó a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de su celular con la excusa de evitar que se filtrara a los medios información privada e íntima.
El argumento de la magistrada para rechazar el pedido de Rívolo es que, para secuestrar el celular a Milman o tomar medidas respecto de sus comunicaciones, habría que iniciar un trámite de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados “por la posible comisión de un ilícito penal”. Lo que sucede, acotó, es que el diputado no está imputado en la causa.
En la misma resolución, la jueza hizo lugar a “la extracción forense” de información del celular de Gómez Mónaco que fue secuestrado la semana pasada, que encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP). De ese teléfono los investigadores no tenían ni noticias: supieron de su existencia por la reciente declaración de Bohdziewicz, que dijo entender que era una segunda línea que usaba la asesora, que no estaba a su nombre, y que no había entregado al juzgado o la fiscalía. La realidad es que ya pasaron ocho meses y medio desde el ataque a CFK y siete desde que Milman y equipo entraron en escena en la causa.