La Auditoría General de la Nación (AGN) acaba de concluir una auditoría sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri. En dos videos de cinco y dos minutos respectivamente, en las que se resume el informe completo de la AGN se detallan graves irregularidades, entre las que se destacan en primer lugar que no se pudo dar con el documento definitivo del acuerdo, y solamente se encontraron diferentes versiones del texto que a su vez no coinciden con los totales informados para 2018 y 2019.
Por otro lado, se detalla que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, uno de los funcionarios que firmaron el acuerdo, no tenía facultades para autorizar ni gestionar deuda pública; que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no cumplió con la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 61 le exige emitir un dictamen sobre el impacto de la operación en el balance de pagos en caso de endeudamiento externo; y que no se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueban por decreto, ya que nunca pasó por el Congreso de la Nación. De la misma manera se encontraron incongruencias e irregularidades con respecto a las funciones de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quien horas después de la firma renunció casualmente a su cargo del Presidente del Banco Central.
Por último es de destacar que el escrito de la AGN, deja en claro que en la firma del acuerdo con el FMI se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.
Sumada a estas certezas que expone este organismo podemos expresar que como siempre sucedió con los veintiún programas anteriores, este préstamo no es favorable para el pueblo argentino, que fue quién sufrió las consecuencias de los acuerdos espúreos entre cierta dirigencia política y el FMI históricamente, quien no brega justamente por el crecimiento o desarrollo de la economía de los países, o la redistribución de la riqueza. El organismo internacional sólo quiere el dinero prestado sin importar a costa de quienes lo hacen los Estados Nacionales. En nuestro caso esto significa que los 45.000 millones de dólares enviados al gobierno de Macri, más los intereses acumulados tienen que pagarse en los próximos años, y para ello es necesario realizar ajuste a los “gastos sociales” con el consabido detrimento de la calidad de vida de argentinas y argentinos. Pero existe otro objetivo del FMI, mucho más estratégico, que es cumplir con su rol de policía financiera y geopolítica de los Estados Unidos, condicionando el futuro de cada país deudor, y en el caso de Argentina intentar hacerse de las reservas y riquezas naturales, para el pago de la deuda, haciendo de esta manera un trabajo “de pinzas” sobre la soberanía e independencia de nuestra Nación para el pago de 54.800 millones entre 2025 y 2032.
En este contexto se hace imperioso revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI que pretendía garantizar el triunfo de Mauricio Macri en 2019, en primer lugar por ilegal, y en segundo lugar porque es impagable, ya que deberíamos tener un monto en dólares cercano al doble de reservas de lo que se adeuda, cuestión claramente imposible.