El Supremo Tribunal Federal aceptó una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que las mismas fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro. “Error histórico” fue la frase que utilizó la máxima autoridad de Brasil para calificar el dictamen de prisión.
De esta manera, el juez Antonio Dias Toffoli anuló las pruebas brindadas por Moro y exfiscales de la operación Lava Jato, e indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de “tortura psicológica” que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes. Para él, la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018 fue “algo armado”.
Con esta determinación los elementos de prueba relacionados con los “sistemas de sobornos” presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y manipular licitaciones públicas quedan invalidados. El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht, ratificado por el entonces juez Moro en mayo de 2017, incluyó la revelación de conductas ilícitas y el pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la empresa, fue detenido en ese contexto.
El fallo del juez Toffoli sugiere que la detención de Lula en 2018 puede haber sido uno de los mayores errores judiciales del país, dando lugar a que fuera encarcelado bajo cargos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero en abril de 2018.
En noviembre de 2019 fue liberado después de que el Supremo estableciera que una persona sólo puede cumplir condena después de agotar todos los recursos legales disponibles. En 2021, la corte anuló las sentencias contra Lula, permitiéndole recuperar sus derechos políticos y presentarse como candidato en las elecciones de 2022, donde ganó por un estrecho margen.
Por su parte, Sergio Moro, juez responsable de la prisión de Lula, rechazó este fallo, afirmando que la corrupción durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fue una realidad, mientras que el Ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial y destacó que ésta marca el fin de una oscura página en la historia del país. También anunció que se llevará a cabo una investigación para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados en el caso.
Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.