El DNU que publicó el gobierno incluye múltiples artículos que impactan directamente sobre nuestra aerolínea de bandera.
Primero, la medida habilita la cesión de las acciones de Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores como un primer paso para que el Estado deje de administrar la empresa. A su vez, se elimina la restricción impuesta al momento de su recuperación (2008) por el Congreso de la Nación, mediante la cual se estableció que “en ningún caso el Estado cederá la mayoría accionaria de la sociedad y la capacidad de decisión estratégica de la misma”. A esto se le suma la remoción de las obligaciones del Estado de financiar la empresa mediante la derogación de la Ley 19.030
¿Qué significa todo esto? En definitiva, es un intento de desfinanciar la empresa para llevarla a la quiebra al mismo tiempo que se busca deslindar de responsabilidades al Poder Ejecutivo reposando dicha competencia sobre los trabajadores.
¿Quiénes se beneficiarían en un proceso de quiebra? Las “lowcost” como Flybondi o JetSmart, que no tendrían que competir con Aerolíneas, que representa el 68% del mercado de cabotaje. Además se verían beneficiadas otras aerolíneas que podrían adquirir AA a precio de remate, en lo que sería la continuidad de una tendencia que se vio en los últimos años con Delta Airlines y United Airlines que se quedaron con otras aerolíneas de la región.
En 2022, Aerolíneas generó U$S 3.044 millones en turismo; U$S 2.029 millones en Producto Bruto Aeroportuario y U$S 944 millones en beneficios económicos para los pasajeros. En total, generó un aporte de mas de U$S 6 mil millones al PBI nacional.

En el mismo año, el Estado destinó solamente 247 millones de dólares. Entonces ¿Por qué llevar a la quiebra una empresa absolutamente eficiente?
Mientras que otras compañías se verían beneficiadas por estas medidas, el único prejuicio recae sobre las y los habitantes de provincias donde la única transportadora es Aerolíneas Argentinas.

Fuente: OCIPEx