Por Fernanda Salcito
Ante la preocupación sobre la existencia de un DNU que estaría a la espera de la firma de Milei, que implica desregular el nomenclador vigente y que deje de existir el sistema de prestaciones que trae como consecuencia la caída del sistema sobre el cual muchísimas familias cuentan para sobrellevar de forma digna temas ligados a la discapacidad.
Consultamos a una especialista en el tema: Gisela Tarsia, quién a poco de recibirse de abogada en la UNDAV (Universidad de Avellaneda), está realizando su tesis sobre la temática.
Nos dijo Tarsia: “Primeramente, debemos entender que el Estado es garante de nuestros Derechos, en el 94 se realizó una reforma constitucional, y ahí en su artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional estableciendo que “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes…» esto implica que es nuestra norma suprema por la cual debemos regirnos y cualquier norma que quiera modificar lo establecido viola un derecho constitucional.
Asimismo el artículo 75 en su inciso 23 que corresponde al Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…» tomar este tipo de medidas implicaría que estaría vulnerando un derecho supremo y consagrado constitucionalmente.
En el año 1997 a través de la Ley 24.901 se establece el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad cuyo artículo 1° establece «…contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.»
Además de esto, nuestro país incorporó a nuestro derecho interno la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, a través de la Ley 25.280, esto implica un compromiso por parte del estado argentino y una penalización en caso de no cumplir, por parte de los estados partes de la Convención.
En términos de salud, Argentina está compuesto por tres subsistemas: el Público, el de las Obras Sociales y las Medicinas Prepagas.
La Salud pública está dirigida a toda la comunidad dentro de ella se promueve, mantiene y protege la salud de todos los ciudadanos, así como también tiene como objeto prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad.
En lo que respecta a las Obras Sociales y las medicinas prepagas el estado dío origen a la creación del PMO, Programa Médico Obligatorio (2002), brindando una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las empresas de medicina prepaga y obras sociales. El objetivo de este programa es que cualquier persona que posea obra social o medicina prepaga, sin importar nivel económico, tenga garantizado el acceso a los servicios básicos de salud, mejorando sustancialmente las posibilidades de contar con las prestaciones necesarias”.
La desregulación planteada por el Proyecto de Ley traería consecuencias gravísimas para todas las personas con discapacidad, quebraría estos tres subsistemas, generando diferencias abismales entre una y otra, en la actualidad todas las personas que padezcan una discapacidad con CUD (Certificado Único de Discapacidad), sin importar su índole, estatus social, ni prestador, cuentan con las prestaciones necesarias, ya sea tratamiento, medicación o terapias.
Por otra parte, esta modificación implicaría favorecer el libre mercado, es decir el estado deja de ser garante de las prestaciones básicas, además de la competencia entre los proveedores de un servicio, generando así que las empresas con más capital se queden con el mercado imponiendo sus propias reglas, en conclusión cada organismo invertirá en discapacidad lo que crea conveniente, generando una desigualdad entre las personas que necesitan la prestaciones, tirando por la borda tantos años de lucha. Vulnerando el derecho de igualdad y equidad.
Nos cuenta Tarsia que: “en la actualidad padecer una discapacidad ya es duro, cuesta conseguir medicamentos, terapias, acompañantes, pero de acuerdo a la investigación realizada en el partido de Lomas de Zamora, a través de encuestas se comprobó que, si bien existen barreras para acceder a la salud, ellas son de índole administrativas (solicitud de turnos, tiempo en demora de entrega de estudios, etc.), es real que hay demora en la prestación necesaria a cada persona, pero de algún modo con el correr del tiempo se logra, y en caso de que sea algo que deba ser con urgencia tenemos el amparo como acción para poder reclamar”.
Es importante señalar que miles de familias autoconvocadas se reunieron el pasado miércoles 29 de Mayo en la Quinta de Olivos para reclamar que no entre en vigencia el famoso DNU. Continuando con la misma lógica, el recorte es para los más vulnerables, y en este caso al área de Discapacidad no queda por fuera de una idea de gobernar de LLA. Lejos de brindar algún tipo de “libertad”, lo que avanza es un ajuste feroz que quita derechos ya adquiridos.