El jueves 1 de septiembre de las 20:22 a las 20:52 horas, Fernando Sabag Montiel gatilló en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner en la puerta del edificio de Juncal y Uruguay. La dos veces presidenta, entonces vicepresidenta y mayor líder popular del país, llegaba de su jornada de trabajo en el Senado y saludaba a centenares de militantes que se concentraban en la puerta de su casa para manifestarle su apoyo en el marco de la persecución judicial a la que es sometida.
Diez días antes, el fiscal federal Diego Luciani, en el marco del juicio oral denominado “Vialidad”, había pedido doce años de cárcel para Cristina y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. El alegato de Luciani duró 9 días, fue extremadamente violento, provocador y reproducido en vivo por los grandes medios de comunicación opositores a pantalla partida con la puerta de la casa de CFK, como invitando a protestar a su domicilio. El 22 de agosto, día final del alegato fiscal, hubo disturbios en la casa por parte de pequeños grupos que fueron a insultar y agredir a la vicepresidenta. A partir de ese día la militancia se concentraba en la casa a recibirla y manifestarle su apoyo y cariño.
El 1 de septiembre Sabag Montiel —quien luego pediría que Luciani fuera su abogado— gatilló y un milagro evitó lo impensable. Los días posteriores al atentado, Clarín tituló: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.
El 26 de junio de 2024 comenzó el juicio oral por el intento de asesinato a Cristina, uno de los hechos más graves de nuestra historia desde el retorno de la democracia. Salvo honrosas excepciones, el silencio de los medios y la dirigencia política constituye el plafón sobre el cual se teje la trama de la impunidad que garantizan jueces y fiscales. La entonces presidenta del principal partido de oposición, Patricia Bullrich, se negó a repudiar el atentado. El actual presidente de la Nación, Javier Milei, tampoco lo hizo en aquel momento.
La trama que el Poder Judicial se niega investigar abarca la larga persecución y demonización contra la figura de Cristina, promovida desde medios de comunicación, operadores judiciales y dirigentes políticos que apuntan a la estigmatización y deshumanización de la figura de ella. Pero también abarca a la generación consciente de un clima de violencia previo al atentado, a conexiones políticas y empresariales de primer orden, y a los posibles autores financieros e intelectuales del crimen político.
Dijo Cristina el 23 de mayo de 2023 sobre la investigación del atentado: “Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”.
Las consecuencias políticas del atentado siguen abiertas. No sólo el hecho en sí, sino la forma en la cual ha sido naturalizado e invisibilizado en el debate público constituye una ruptura del pacto democrático forjado en la Argentina a partir de 1983. El atentado, el encubrimiento, la persecución mediático-judicial que persiste contra ella, los discursos de odio y la edificación planificada de un clima de violencia- ya vistos a lo largo de la historia argentina contra otros dirigentes populares- son parte de un mismo entramado.
Este documento forma parte de una serie de materiales que compartimos para la formación política en los distintos ámbitos de militancia. Que el atentado no quede en la impunidad ni en el olvido es una responsabilidad política que debemos asumir, porque como dijo Cristina: “Esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decirle al FMI pagarle y ándate. Dos veces decirle que no a los fondos buitres. No. Dos veces a las AFJP. No. Dos veces Vaca Muerta. No.”
La investigación: ¿Trama de un encubrimiento?
Desde aquel 1 de septiembre, la investigación quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo. A las 24 horas del atentado comenzaron las irregularidades que detallaremos más adelante. En síntesis, tanto la jueza como el fiscal se caracterizaron por la sistemática demora e inactividad en la investigación -injustificables en un caso de esta gravedad- y la negación sistemática y permanente aproducir e investigar pruebas aportadas por la víctima hasta el momento en que las mismas ya eran ineficaces o irreproducibles. A ello, se sumó la penosa y conocida “estrategia” de dividir la causa en pedazos. Esta estrategia no es nueva en la justicia federal argentina. Ha sido usada antes en importantes causas para brindar una supuesta respuesta rápida parcial y dejar en la impunidad total y el olvido el resto, lo que quieren ocultar, ya que el remanente no se investiga nunca.
En esta causa, la división de la investigación fue múltiple. Primero, cuando aparecieron las primeras pruebas que vinculaban a pseudo-organizaciones políticas y su financiamiento, la jueza se negó a investigarlas en el marco del atentado y lo envió a otro juez y fiscal. Ambos se negaron, indicando que era imposible investigar esas responsabilidades fuera de la causa del atentado. La jueza mantuvo su rechazo y la Cámara Federal -los famosos Bruglia y Bertuzzi, nombrados allí irregularmente por decreto de Mauricio Macri sin cumplir el mecanismo constitucional de designación de jueces indicado en la Constitución Nacional- le dieron razón y dividieron la causa.
Luego, Capuchetti y Rívolo, volvieron a dividir la causa que tenían a su cargo, cuando decidieron elevar a juicio oral y público a los autores materiales (Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo) bajo el pretexto de que su responsabilidad ya estaba clara y continuarían investigando todo lo que faltaba, ni más ni menos que Gerardo Milman, su entorno y otras pistas vinculadas a los posibles autores intelectuales.
Estas divisiones conspiraron contra la búsqueda de la verdad de los hechos.
Capuchetti fue designada en mayo de 2019 por Macri. Venía de trabajar en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Hija de un ex comisario de la Policía Federal. Amiga y ahijada política de Cristian Ritondo. Durante la investigación del atentado, se conoció que cobraba un sueldo como Asesora del Ministerio de Seguridad de la CABA, algo que está terminantemente prohibido para los magistrados. Pese a las denuncias nunca se la investigó ni sancionó. Se excuso diciendo que era un “asesoramiento académico”.
El juicio oral: lo que faltaba
El 26 de junio de 2024 comenzó uno de los juicios orales por el atentado. Decimos “uno de los juicios” porque -como se explicó más arriba- el Poder Judicial dividió la causa en distintas partes y éste es el tramo que juzga sólo a los autores materiales, conocidos como “los copitos”.
Se trata de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló; Brenda Uliarte, su novia y quien estaba con él al momento del atentado; y Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe del grupo. Ellos son los únicos que se sientan en el banquillo de acusados tras la investigación que condujeron la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y que ahora debe juzgar el Tribunal Oral Federal N° 6.
Es decir, este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado. Estos son algunos de los aspectos más preocupantes del proceso judicial que nos permiten hablar de trama del encubrimiento:
Se borró el contenido del celular de Sabag Montiel. Al día siguiente del atentado y mientras el aparato estaba en poder de la jueza Capuchetti. Al primer peritaje, realizado en la madrugada del 2 de septiembre por la PFA en las oficinas del juzgado, el teléfono quedó en “modo ladrillo” (el perito dijo no haber podido superar la contraseña del aparato) y al segundo peritaje, en la PSA, llegó en un sobre abierto, encendido y con un mensaje en pantalla de error del sistema (es decir, se rompió la cadena de custodia y el aparato). Quien lo llevó era la custodia personal de la jueza. Perdieron la prueba más importante de un caso de magnicidio: “se les borró” el teléfono del asesino estando en poder de la jueza del caso.
Nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes. Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado. Una de ellas es Revolución Federal, la organización de Johnatan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra que proponía “cárcel o bala” para el kirchnerismo, y que realizó movilizaciones con antorchas y guillotinas con los nombres de dirigentes del Frente de Todos. Brenda y Sabag Montiel participaron, por lo menos, de una de las movilizaciones que convocó Revolución Federal. La semana del 22 de agosto, Morel realizó un vivo por Twitter Space en el que describió exactamente la mecánica para matar a CFK que luego intentaría Sabag Montiel.
Financiamiento de Caputo Hermanos a Revolución Federal. Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, recibió decenas de millones de pesos de la familia Caputo para “trabajos de carpintería”. Las transferencias están probadas. Caputo Hermanos SA esgrime que fue para amueblar 60 departamentos de un complejo en Neuquén. Morel explicó que aprendió carpintería por Youtube y puso un pequeño local en un garage de Boulogne, PBA. Rossana Pía Caputo dijo que encontró la carpintería caminando por el barrio y le encomendó el trabajo. El gerente de compras de la empresa Caputo Hermanos explicó que él es quien hace décadas se encarga de comprar el equipamiento de los emprendimientos, que no sabe por qué en ese caso específico le dijeron que no se ocupe, que lo haría Rossana Caputo. Le llamó la atención ya que, si bien es de la familia, ella no trabajaba de eso en la empresa. Esto no forma parte del juicio por decisión de la jueza Capuchetti.
Pista Milman. Un testigo afirmó que escuchó a Gerardo Milman, diputado nacional y mano derecha de Patricia Bullrich, decirle a dos secretarias en el Bar Casablanca: “Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”. Las cámaras del Congreso muestran a Milmancon sus secretarias en ese bar y a esa hora. Dos días después, quisieron matar a Cristina y Milman estaba camino a la costa. La jueza Capuchetti tardó en citarlo y más aún en pedirle los celulares. Dos semanas antes del atentado a Cristina, Milman había presentado un proyecto de declaración en el Congreso advirtiendo sobre la posibilidad de un “falso ataque” a la figura de la vicepresidenta, y el día anterior al atentado presentó un pedido de informes completo sobre la custodia de ella. Milman reconoció en entrevistas televisivas que había participado de las marchas de Revolución Federal.
Borrado de celulares de Milman y sus secretarias. Luego de que Capuchetti se negara durante varias semanas a secuestrar los teléfonos de Milman y sus secretarias, lo invitó a que los entregue. Pero los teléfonos estaban todos borrados. Meses después, en mayo de 2023, una de las secretarias de Milman declaró que la habían llevado a las oficinas de Patricia Bullrich junto a Milman y la otra secretaria, donde un perito informático borro durante 4 horas todos los teléfonos, pocos días antes de que la jueza pidiera el secuestro efectivo de sus celulares. A la jueza y el fiscal no les resulta relevante investigar esto. El perito es Jorge Adolfo Teodoro, quien después fue designado fiscal informático de Juntos por el Cambio en las elecciones. La semana que comenzó el juicio por el atentado a CFK, Bullrich lo designó Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad.
Pista Hernán Carrol. Ya preso, Sabag Montiel pidió que su defensa la definiera Hernán Carrol, líder de otra agrupación ultraviolenta llamada Nueva Centro Derecha. Carrolcompartió movilizaciones con Bullrich y Milei, con quienes posa en fotos, y organizó manifestaciones con Revolución Federal. De nuevo, Capuchetti tardó en llamarlo a declarar y, cuando lo hizo, su teléfono había sido borrado el día anterior a la declaración. Además, Carrol tenía otro teléfono “para la actividad política” que la jueza no quiso secuestrar. Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. A la jueza no le llamó la atención.
Pista Ximena Tezanos Pintos. Durante las manifestaciones en Juncal, se hizo conocida la vecina del departamento de arriba del de Cristina, Ximena Tezanos Pintos, por su ferviente anti kirchnerismo. Luego del atentado, se supo que los integrantes de Revolución Federal tenían acceso al departamento de Tezanos Pinto y que habían estado dentro fotografiando la zona. La vinculación con el atentado nunca fue investigada.
Continúa.