En su columna de género, Agustina Díaz nos habló de la paralización de la Ley Micaela y las consecuencias de esta decisión fomentada por la política del gobierno nacional.
Actualmente, se está reuniendo información a través de los distintos organismos de derechos humanos de nuestro país, ya que dicha ley exige un cumplimiento por parte del Estado argentino de determinados compromisos que adquirió ante la Comunidad Internacional de Naciones, a partir de distintas convenciones y tratados.
Antes de la sanción de la Ley Micaela el país tuvo ciertas recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Comités de Seguimiento, los cuales pedían la capacitación de trabajadores y trabajadoras estatales porque se incurría en faltas a la hora de prevenir o sancionar delitos vinculados a la violencia de género. Entonces, cuando se sancionó la ley se estableció una norma que ponía en práctica este compromiso.
Esto comenzó en el último año del gobierno de Mauricio Macri y posteriormente con el Ministerio de Mujeres. Sin embargo, con la asunción de Javier Milei devino la prohibición del uso del lenguaje inclusivo seguido de la detención de toda perspectiva de género, sumado al desguace del Ministerio antes mencionado.
Al día de hoy “no se está instrumentando en ninguno de los organismos nacionales estas capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela”.
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