El pasado miércoles en el CEVECIM, ubicado en 8 entre 158 y 159, se llevó a cabo la 12º sesión del Honorable Concejo Deliberante de Berisso en el que se trató dos expedientes de conflictos con el Ejecutivo, despidos de guardavidas y la asunción de una nueva concejal.
En el inicio de la asamblea legislativa fueron invitados a hacer el uso de la palabra el presidente del CEVECIM Jorge Di Pietro, el intendente Fabián Cagliardi y el vicepresidente de la UNLP Fernando Tauber. Estuvieron presentes 18 de 20 concejales con las ausencias de Marcela De Vera y Patricio Yalet.
Cabe destacar que ante la presencia del intendente municipal, los guardavidas de Berisso se acercaron a dialogar con el jefe comunal y, más allá de que fueron unos pocos minutos, se fueron sin las respuestas que vienen buscando desde comienzo de noviembre.
Antes del inicio del sumario se llevó a cabo la asunción de Juana Murillo, como concejal del Bloque Unión por la Patria en el lugar de Gabriela Di Lorenzo, quien deja su banca para asumir nuevamente como directora municipal de Control Urbano; un área que hasta el momento se encontraba acéfala y en un momento complicado.
Sobre la situación de los guardavidas fue el concejal de Maximiliano Fernández quien tomó la palabra señalando que “hay tres personas que siguen estando en el mismo estado de la sesión pasada, y todavía no tiene ninguna respuesta”.
A su vez, recordó el plazo de 72 horas que le habían puesto al pedido de informe sobre esos despedidos: “Todo es importante, pero lo más importante para mí es la situación de los guardavidas. El intendente tomó dos malas situaciones; la primera fue no haber reincorporado a estos tres guardavidas, y la segunda fue no haber acercado a darles una respuesta, y no ha hecho ninguna apreciación sobre el tema”.
Ante el ofrecimiento de otro trabajo dentro del municipio, dijo que “él que aprendió hacer algo no va a cambiar de trabajo, los guardavidas son guardavidas no deben hacer otra cosa”, y luego remarcó que “la hipocresía de esta ciudad tiene nombre y tiene una función, la función que cumple es la de intendente y el nombre es Fabián Cagliardi”.
En la continuación del artículo 80 Mariana Astorga disparó contra el concejal Gabriel Marotte haciendo hincapié en sus malas expresiones hacia ella, a quien caracterizó como “cachivache y sorda”. “Me pareció grave, y más grave aún fue que los organismos del municipio no se hayan expresado”, afirmó.
“Las medidas que voy a tomar, políticas, administrativas y penales las resolveré en los próximos días; de todas maneras sigo esperando que algún funcionario se exprese sin decir que fue culpa mía porque me lo busqué”, exclamó.
Ya en su turno Marotte asumió su irresponsabilidad y le pidió su disculpas públicamente, y contó que ya lo había hecho en persona. “Hago público lo que hice en privado en término de disculpa. Niego rotundamente que le haya dicho sorda, jamás lo haría, le dije Astorga”, aclaró.
Luego llegó el tratamiento del expediente del repudio a los despidos de guardavidas presentado por los bloques de Juntos, Juntos por el Dialogo Federal, La Libertad Avanza – Todo por Argentina en el que nuevamente Fernández dijo que “este expediente lo que hace es tomar una postura de los integrantes de este cuerpo de que si están a favor o no públicamente de la situación de los guardavidas”.
A la hora de la votación nominal quedó aprobado el pase a la comisión de Legislación, Interpretación y con 10 votos (todo el bloque Unión por la Patria) contra 8 (bloques opositores) que fueron por la aprobación del expediente.
Con el avance de la sesión llegó el turno de tratar el expediente de pedido informe de los hechos ocurridos el pasado 29 de noviembre en Palo Blanco en el que se aprehendió a Gabriel Ramallo, dueño de la propiedad privada, a través de un allanamiento mediante una denuncia del robo de ruedas.
Astorga leyó la denuncia que se realizó contra el señor Ramallo. “Ustedes saben que Palo Blanco es jurisdicción de la Comisaría Segunda, lo extraño es que quien lleva adelante las actuaciones es en comisaría en primera porque la denuncia la hace casualmente el secretario de seguridad Federico Ruíz, es quien radicó la denuncia”, indicó.
“La verdad es que hay irregularidades por donde se las mire; primero no entendemos por qué hace la denuncia en esa jurisdicción, segundo por qué interviene el GTO que no tiene nada que ver con la jurisdicción”, marcó, y cagregó: “Ahora cuando se cae la causa porque lo que fueron a buscar no encontraron, el allanamiento dio negativo prácticamente hablan de arsenal de guerra”.
También disparó con el Ejecutivo, asegurando que “al otro día del allanamiento cae la municipalidad para hacerse uso de las tierras”. Por estos motivos, se dio lugar al cuarto intermedio para que los vecinos de la familia damnificada se expresen, y Daiana, hija de Gabriel, comentó: “Es terrible lo que le hicieron pasar a mi papá, con 70 años se tuvo que pasar siete días y medio encerrado”.
“No podemos entender el daño que nos ocasionaron, pero adrede”, subrayó. En ese sentido le habló a Marotte, que además de concejal es subsecretario de Vivienda y Hábitat y estuvo presente en el lugar, recordándole la historia de la familia desde que llegaron al balneario, y le preguntó: “¿Quién mandó a hacer el desastre que hicieron?, y ¿porque? ¿que quieren con la entrada de las tierras? ¿necesitan el agua?, necesitan que mi papá no este, que está molestando”, interrogó la hija del dueño de la propiedad.”
Asimismo denunció que el día de la destrucción de la casa “fue Cagliardi a las 6 de la mañana pensando que no había nadie, pero resulta que no sabía que había gente amiga de mi papá esperándolo y cuando él los vio salió disparando como laucha como tirante”.
¿Con qué derecho se destruye una casa? Hay muchas falencias en todo esto, hay mucho atropello de parte de muchos, queremos que nos defiendan y se haga justicia, vamos a ir a juicio como corresponde”, cerró Daiana.
Luego fue el turno de Marotte que rápidamente acotó: “Vamos a aprobar el expediente del pedido de informe. La titularidad de la tierra es de la mamá de Ramallo, no falta a la verdad a toda esa historia absolutamente real, presentó la escritura y es así”. Aunque remarcó que el problema, es que “acá estamos hablando de otra parcela. La del banco crédito provincial que quebró, y esas tierras fueron compradas por otro banco que también quebró y hoy está en el marco de una quiebra con más de 300 acreedores en el cual como gestión municipal venimos llevando conversaciones para ver si podemos adquirir y ser titular de esa parcela en cuestión”.
A lo último dejó en claro que “simplemente lo que traigo es información, pueden chequear desde otro lugar, aclaremos la parcela que corresponde al señor Ramallo jamás se vio involucrada en nada porque nosotros respetamos la propiedad privada, acá estamos hablando de otra parcela que no es de Ramallo”, y acusó de que sobre Ramallo “en el último tiempo ha habido quejas por parte de los guardavidas por ciertas actitudes”.
El expediente fue aprobado y Fernández dio un plazo de 72 horas al Ejecutivo para que por escrito se presente el informe sobre la situación de Palo Blanco.