En entrevista con Tres Ciudades Orlando Javier Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro habló de la determinación que tomó el gobierno nacional sobre la protección con la que contaban los pueblo indígenas para evitar desalojos.
En este sentido recordó que la ocupación de la Patagonia ocurrió hace 145 años con las campañas militares que trajeron los primeros campos de concentración, esclavitud, reducción a la servidumbre, expropiación de niños y mujeres, asesinatos, torturas y pérdidas de la identidad.
“La sociedad argentina viene de ese proceso en el contexto de la constitución de la nación y eso tiene una conflictividad que se visibiliza en lo territorial”, marcó, “por eso, la sanción de una ley en el 2006 puso el freno a cien años de despojo de muchas familias indígenas y planteó un desafío con el artículo 75 de la constitución y la convención de los Derechos Humanos a nivel internacional”.
Todo ello forma un plexo normativo internacional que está vigente. Entonces, que el poder judicial no utilice ese mecanismo “es algo propio del racismo institucional y de una discusión que la sociedad argentina no ha tenido, de una construcción que tiene oculto un genocidio”. De allí la mirada sobre «la actual resolución de Nación que impone el romper la paz social y es propia de los gobiernos de derecha”.
“Este decreto es infame, porque cuando se ataca a un sector de la población y eso lo hace el Estado puede ser pasible de una sanción mucho mayor, pueden considerarse crímenes de lesa humanidad porque apunta a un sector de la sociedad, que es el de la población indígena”, insistió.
Continuando con su descripción sobre las medidas que fundamentan su necesidad que seguir protegidos, dijo que Río Negro es la tercera provincia exportadora de lana y eso lo producen los mapuches, y que la preservación de los recursos naturales no es sólo para ellos sino para toda la sociedad.
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