Las medidas económicas implementadas por el presidente Javier Milei han desencadenado una profunda crisis en el sector industrial argentino. En el último año, más de 2.300 fábricas han cerrado sus puertas, generando una ola de despidos que afecta a miles de trabajadores en distintas áreas productivas.
El impacto en el empleo es alarmante: 38.532 puestos de trabajo se perdieron solo en la industria, y si se incluyen sectores como la construcción y la minería, la cifra asciende a 126.050 empleos destruidos. Este fenómeno no solo afecta a las pequeñas y medianas empresas, sino también a grandes multinacionales que han decidido abandonar el país.
Ocho grandes empresas internacionales han cerrado sus operaciones en Argentina: HSBC, Xerox, Clorox, Prudential, Nutrien, ENAP, Fresenius Medical Care y Procter & Gamble. La salida de estas compañías refleja la incertidumbre económica y la falta de incentivos para la inversión en el país.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Dánica, que tras 85 años de actividad en la región, anunció el cierre de su planta en Lavallol. A su vez, otras compañías de renombre como Granja Tres Arroyos, Bimbo y Pepsico han implementado despidos masivos en sus fábricas.
El sector metalúrgico tampoco escapa a esta crisis. Acindar, una de las principales productoras de acero, suspendió a 700 trabajadores en su planta de Villa Constitución, sin una fecha definida para su reincorporación.
La política económica de ajuste y desregulación impulsada por el gobierno de Milei ha generado un fuerte impacto en la producción nacional, debilitando el empleo y aumentando la incertidumbre en el sector privado. Mientras tanto, la sociedad argentina enfrenta las consecuencias de un modelo que, lejos de fomentar el crecimiento, parece profundizar la crisis industrial y laboral.