A través de un comunicado se expresó en contra de los decretos presidenciales 138/25 Y 143/25, manifestando que las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos Autorales y de Intérpretes “no son órganos del Estado Nacional», pero el Presidente y sus ministros pretenden regularlas como a los organismos descentralizados del ejecutivo nacional.
A su vez, indicaron que los decretos 138/25 y 143/25 son “una muy clara intención de dejar a autores/as, compositores/as e intérpretes de música, actuación y danza a merced de los monopolios extranjeros, bajo la supuesta libertad de autogestionar la representación de sus derechos intelectuales, condenan a los/as artistas a la más profunda soledad de negociar sus derechos en franca inferioridad de condiciones, a merced de las lógicas de los dinosaurios carnívoros de mercado, sin defensa de nuestra cultura nacional, especialmente, ante la dinámica de las transaccionales del streaming. La intervención de ambos decretos sobre las sociedades de gestión de derechos intelectuales es, sin duda alguna, una medida inconstitucional muy grave para la preservación de los derechos intelectuales nacionales e internacionales”.
Por ende, imponer por decreto cambios en el interior de las entidades perjudicando sus funciones de recaudación, distribución y participación en la representación de los derechos intelectuales, solidarias y colectivas, es “una intromisión dictatorial sobre los asuntos netamente privados, violatorio de las libertades asociativas entre los/as creadores/as para resolver las problemáticas de forma colaborativa y solidaria. Si no fuera así, hubieran enviado un proyecto de ley al congreso y modificado las mismas por consenso político y social, algo que no lograron cuando pusieron un texto, de iguales características, en la Ley de Bases, porque tuvieron que retirarlo por falta de acuerdo”.
Profundizando en el análisis, señalaron que en el artículo 2, se establece: “…y no podrán
ejercer ninguna actividad de carácter político y/o religioso.”, y cuestionaron: «¿Qué quiere decir esto? Que los/as artistas propietarios de estos derechos y/o sus representantes en las instituciones de gestión colectiva, tienen prohibido, desde ahora, opinar de política en la Argentina. Es decir, se le cercena los derechos políticos, cuya conquista fuera bandera del liberalismo en el siglo XIX. Esto solo ocurrió en dictaduras, lo que convierte a Milei en mero dictador, cuyo instrumento para acallar a los/as artistas en su llamada “batalla cultural” es la censura y la descalificación más grosera.»
«No vemos al ministro supremo «regulador»(@fedesturze), interviniendo a la Sociedad Rural Argentina,
para definir cómo se deben establecer las cuotas societarias, los remates de hacienda y mucho menos,
regulando los aranceles mínimo y máximo del valor del ganado en píe. Sin embargo, a él sí le parece bien
regular desde el estado el valor del trabajo intelectual de los propietarios de los derechos y la forma en que se organizan en sus Sociedades de Gestión Colectiva, incluso sin necesidad de modificar la LEY
GENERAL DE SOCIEDADES ARGENTINA; no sea que todas las Sociedades tengan que cumplir con lo
mismo que les pide a las Sociedades de Gestión de Derechos», prosiguieron.
Y cerraron: «Se nota mucho qué intereses se privilegian en el Gobierno de Milei. Se nota demasiado
por qué le molesta tanto que existan en nuestro país amplios sectores de las culturas y las artes que no se resignan a agachar la cabeza y ser dóciles a las políticas de entrega de nuestra soberanía cultural».