Los efectivos de la Policía Bonaerense fueron desafectados y detenidos en el marco de la causa que investiga el accionar de la fuerza durante la contención del motín que tuvo lugar en la comisaría 2ª de Punta Lara, en octubre de 2024. Están imputados por torturas y falsedad ideológica.
La subcomisaria Adriana Cecilia Ponce -titular de la dependencia- y el sargento Leandro Ignacio Altamiranda -custodio de los calabozos- fueron capturados en las últimas horas por orden del Juzgado de Garantías Nº2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi. Los arrestó personal de Asuntos Internos dentro de la misma comisaría donde ocurrieron los hechos denunciados.
El tercer imputado, el subcomisario Ángel Daniel Barrientos, ya estaba detenido tras haber recibido una condena por un episodio de características similares ocurrido años antes en la comisaría 4ª de Berisso.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tras conocer los hechos, equipos técnicos de la CPM se presentaron en la comisaría, entrevistaron a las víctimas y elaboraron un informe que acompañó la denuncia penal.
En paralelo, el subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada, Carlos Dabalioni también se hizo presente. Su declaración y las observaciones recogidas en esa visita fueron incorporados a la causa.
“Se trató de una situación de mucha agresividad. Una suerte de inventar un motín y fuga, aparentemente, así la justicia lo ha determinado”, explicó Carlos Dabalioni en el programa Cueste lo que cueste.
“Las personas privadas de la libertad, estaban prácticamente desvestidas, sin ropa, muy golpeadas. Conversamos con los responsables de la comisaría, con cada uno de los detenidos y también con los familiares. Sinceramente nos pareció aberrante lo que pasó y dimos intervención inmediatamente a la CPM y después nos pusimos a disposición de la justicia”, agregó.
Según se pudo reconstruir, entre 30 y 40 agentes de la Policía Bonaerense ingresaron a la zona de calabozos de la comisaría y desplegaron maniobras consideradas “excesivas y desproporcionadas” por la fiscalía interviniente, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
Según el expediente judicial, la represión comenzó tras una protesta de los detenidos por las condiciones de alojamiento. Los efectivos utilizaron escopetas con postas de goma, gases lacrimógenos, chorros de agua con gas pimienta y otros medios coercitivos.
“Personal de la comisaría nos dijo que era la primera vez que había visto semejante cosa. Era una vejación. Golpearon indiscriminadamente, sin necesidad, porque estaban encerrados, y eso de inventar un motín y fuga tenía más que ver con justificar la golpiza”, afirmó Dabalioni.
La violencia se aplicó en condiciones de oscuridad total, ya que previamente se había interrumpido el suministro eléctrico en el sector de calabozos, de acuerdo a la CPM.
Una vez reducidos, los detenidos fueron trasladados a la celda de contraventores. Para llegar allí, debieron atravesar un pasillo formado por policías que los golpeaban con palos, tonfas y puños, en una práctica identificada como “puente chino”.
Posteriormente, fueron desnudados, atados con precintos, acostados boca abajo y apilados unos sobre otros. En esa posición, los efectivos continuaron golpeándolos y profirieron amenazas de muerte y agresiones sexuales, según se denunció.
“Nosotros desde aquí (la subsecretaría de DD.HH.), generalmente pasamos por las comisarías, participamos de las capacitaciones. Para nosotros (la policía) es un actor muy importante, un efector muy importante, pero por supuesto, este tipo de cosas no las toleramos y obviamente las denunciamos, que es lo que corresponde”, detalló el subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada en Cueste lo que cueste.
“Todo lo que está en el marco de la ley lo avalamos, apoyamos, trabajamos y articulamos. Lo que está por fuera lo denunciamos para garantizar los derechos de aquellas personas que están aprehendidas -a cualquiera de nosotros nos puede pasar- y garantizar los derechos de las personas que trabajan en el lugar. Los policías que declararon estaban enojados con personal de su propia fuerza porque fue una tortura que nos hizo acordar a otras épocas nefastas de nuestro país”, puntualizó Dabalioni.
La investigación sigue la hipótesis de que los policías frotaron sus tonfas en las partes íntimas de los internos, simularon penetraciones y los obligaron a realizar actos de humillación sexual.
La acusación contra los tres policías incluye, además, el delito de falsedad ideológica, debido a que falsificaron el acta oficial del procedimiento. Según la documentación judicial, los imputados insertaron afirmaciones falsas con el objetivo de justificar la represión, sosteniendo que las personas privadas de su libertad habían intentado fugarse, que estaban armadas y que habían iniciado una pelea entre ellas. Para el fiscal, esas afirmaciones quedaron desmentidas por los informes médicos, los testimonios y la intervención de organismos de derechos humanos.
Para la Comisión Provincial por la Memoria, los hechos en la comisaría 2ª no constituyen un caso aislado, sino parte de una “ñ”práctica sistemática de tortura en lugares de encierro” de la provincia de Buenos Aires.
El organismo recordó que desde 2019 ya habían documentado hechos similares en esa dependencia policial.