Por más de siete meses, el Concejo Deliberante de Berisso ha evidenciado una alarmante demora en dar respuesta a un pedido de informe presentado con el aval de cien vecinos, enmarcado en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública 27.275. La solicitud busca esclarecer aspectos vinculados a convenios y obras en espacios públicos ecológicos y turísticos, ha quedado en la incertidumbre, debido a la falta de tratamiento y respuesta por parte del órgano deliberativo municipal, que recién en estos días dio traslado al Ejecutivo al expediente iniciado en Octubre de 2024.
El pedido, dirigido a los integrantes del Concejo, incluye una serie de requerimientos específicos, como copias de convenios con la Provincia de Buenos Aires y con Puerto La Plata, detalles sobre obras y desmontes en el acceso a la Playa Municipal, y la situación actual del Balneario La Balandra. Estos informes son fundamentales para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a conocer y participar en la gestión de recursos públicos y espacios naturales de gran valor ecológico y turístico para la ciudad.
A pesar de la urgencia y la importancia de estos temas, la respuesta del Concejo se ha visto postergada por motivos que aún no se esclarecen y recién a los siete meses de iniciado el expediente se da traslado al Ejecutivo, evidenciando un letargo institucional que limita, entre otros aspectos, la transparencia. La inacción de los miembros del cuerpo deliberativo no sólo retrasa la información necesaria para evaluar el impacto ambiental y social de las obras en curso, sino que también afecta la confianza de la comunidad en sus instituciones, en un contexto que marca el distanciamiento entre la comunidad y la política y los poderes del Estado, entre otros ámbitos.
El retraso de siete meses contrasta con lo declarado en nuestro medio por concejales oficialistas, que antes las consultas periodísticas dejaron en claro que los tiempos son los indicados. Pero claramente esto da cuenta que no sólo se cumplen con los tiempos esperados por vecinas y vecinos, sino por los artículos de la legislación vigente, que establecen plazos claros para la entrega de los informes, y pone en duda el compromiso del municipio con la participación ciudadana y la protección del ambiente. La comunidad y organizaciones ambientalistas exigen que se cumpla con los plazos establecidos y que se brinde la información solicitada sin más dilaciones, en respeto a los derechos constitucionales y legales de todos los ciudadanos.
Este caso refleja la necesidad de debatir sobre los mecanismos institucionales para garantizar la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales y públicos. La demora en el tratamiento de esta solicitud es un ejemplo de cómo la inacción puede comprometer la protección del ambiente y limitar la participación activa de la comunidad en temas que afectan directamente su calidad de vida y su patrimonio natural.
El legislativo local, dio traslado entonces al Ejecutivo y ahora veremos si allí el pedido de informe es respondido en plazos legales o duerme el sueño de los justos. Será un buen ejemplo para saber si se cumple con el deber de informar y rendir cuentas a la ciudadanía, promoviendo una gestión pública transparente, participativa y comprometida con la protección del ambiente y el desarrollo sustentable de Berisso, o no.