En su paso por los estudios de FM TresCiudades, Natalia Penda, docente, activista e integrante de VACHUG, expuso con claridad el estado de abandono institucional frente a los reclamos ambientales en Berisso. Con un tono firme pero sereno, Penda apuntó contra el letargo tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante, especialmente en torno a la falta de respuesta de pedidos de informe que acumulan ocho meses sin ser tratados.
“Hace ocho meses presentamos un pedido de información pública, respaldado por la firma de cien vecinos, para que se aclare el convenio que firmó el municipio con los Ministerios de Economía y de Desarrollo Agrario. Queremos saber cómo se está administrando el uso de las playas, qué pasó con los terrenos destinados a plazas en Villa Nueva —donde hoy se inunda lo que antes no se inundaba—”, detalló, sumado a la limpieza del canal Génova y el Arroyo El Saladero.
Según Penda, muchas de las obras de urbanización impulsadas por el municipio no sólo no resuelven problemas estructurales, sino que los agravan: “Terminamos teniendo obras de inundación. Se consulta a ingenieros hidráulicos pero no a personas formadas en cuestiones ambientales. No hay un área de ambiente idónea, y en Berisso el vivero municipal cuenta con un ingeniero forestal que se dedica a hacer plantines”.
Las consecuencias de esa falta de planificación y visión integral se siente todos los días. “La naturaleza está interconectada y cuando tocamos un elemento, se desregula todo”, advirtió, y denunció que a las decisiones negligentes se le suma la presión constante de la especulación inmobiliaria.
Berisso es, en palabras de la activista, “una zona de sacrificio”. “Vivimos al lado del tercer polo petroquímico más grande del país. Respiramos un aire contaminado, bebemos agua en la que se arrojan desechos cloacales; eso se lo explico a mis estudiantes y me miran asombrados”, expresó.
A su vez, recordó que la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET detectó niveles alarmantes de contaminación en el agua, porque tenemos que tener hasta dos mil bacterias por muestra, cuando hay siete millones.
Uno de los casos más paradigmáticos, señaló, es el de Coopetro. “La justicia ya determinó que ejerce un daño ambiental pero, en vez de cesar en su actividad, la empresa opta por pagarle a algunos vecinos para mitigar posibles reclamos futuros”, relató.
La situación, lejos de mejorar, se agrava en un contexto nacional en el que el negacionismo del cambio climático es política de Estado. “Me parece aberrante la postura del presidente, pero eso no justifica lo que no hicieron antes. Muchos no son negacionistas, pero lo fomentan igual con su inacción”, sostuvo.
En este contexto, volvió a cuestionar a las autoridades locales, ya que “estamos terminando mayo y la Comisión de Ambiente del Concejo aún no se reunió. ¿Les importa lo que opinamos los vecinos al Concejo o al Ejecutivo?”
En medio de este panorama, la consigna de los vecinos y vecinas organizadas es clara: sin justicia ambiental, no hay justicia social posible.