Un estado de alerta general es el escenario que actualmente caracteriza al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), a causa de la motosierra con la que amenaza el gobierno nacional. “El INTA ha contribuido al despilfarro de la política”, fue la frase del vocero presidencial, Manuel Adorni, como cosa pública, justificando lo que internamente se entiende como desguace.
Hablamos de un organismo de ciencia y tecnología con más de 300 agentes en todo el país y, tal acusación, seria el fundamento para decir que no debe ser financiado. Con ello, se logró mantener “preocupados y en alerta” a los trabajadores que responden a diferentes gremios, a los pequeños, medianos y grandes productores, a buena parte de los gobernadores, el sector científico y actuales directivos del organismo (menos a su presidente y vice que están puestos directamente por el gobierno nacional).
Al aire de la 96.3 la especialista en el tema, Milagros Barbieri, recordó el artículo 340/25 que sacó el Ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y adelantó que se viene un Decreto con el fin de seguir generando más recortes.
“Se está yendo contra la potestad del INTA de hacer una planificación propia y territorializada; además, en cada una de las experimentales o centros regionales también pueden participar todas las organizaciones de productores de la región”, explicó.
Sumado a ello, planteó que el no conocer el territorio o el trabajo que se viene haciendo desde el área, es propio de un desconocimiento de un gobierno que piensa que “todo se puede solucionar desde una oficina en CABA”.
En su columna, Barbieri compartió otros ejemplos que justifican la importancia del instituto, su historia y posibilidad de desarrollo a futuro.
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