Mientras el Gobierno nacional recorta jubilaciones y mantiene salarios militares por debajo de la línea de pobreza, el Ministerio de Defensa avanza con la compra de 24 aviones de combate F-16 por una suma cercana a los 300 millones de dólares. La operación, negociada con Dinamarca y respaldada por Estados Unidos, incorpora aeronaves fabricadas en los años 80, con actualizaciones tecnológicas, pero que presentan severas limitaciones técnicas y escasa utilidad estratégica frente al escenario geopolítico regional.
“Es una mala compra, volvimos a adquirir material vetusto, con serias restricciones operativas”, sostuvo el especialista en Seguridad Pública, Roberto López. Entre esas limitaciones, destacó que las aeronaves no están habilitadas para el repostaje en vuelo, lo que impide su proyección hacia zonas sensibles como Malvinas, y que además se verían afectadas por restricciones impuestas por el Reino Unido, que presionó para reducir el alcance de los radares de tiro a solo 60 millas, muy por debajo de los 250-300 que originalmente permite el sistema.
En un hipotético enfrentamiento con el Reino Unido, cuando nuestros F-16 llegaran a visualizar un blanco, ya habrían sido derribados cinco veces antes, por decirlo de algún modo. El Reino Unido, aunque no proveedor directo en la operación, habría influido sobre Washington para condicionar tecnológicamente la venta, como parte de su histórica política de veto a la incorporación de armamento avanzado por parte de Argentina.
A pesar del relato oficial que intenta enmarcar la compra dentro de un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, la operación contrasta con la situación presupuestaria crítica que atraviesa el país. “¿Cómo se justifica una compra de esta magnitud cuando no se puede garantizar el pago a los jubilados?”, fue la pregunta general de la charla para sintetizar el malestar generalizado.
De todos modos, López reconoció que la reposición de aviones supersónicos es una deuda de larga data, porque desde la baja de los Mirage y Dagger en 2015, Argentina perdió capacidad de interceptación aérea. Ello, no quita la baja calidad del material adquirido y la oportunidad política y económica de la compra. “Tal vez no sea el momento. Y además, en términos de defensa, lo que se incorporó tiene serias falencias operativas”, indicó.
A ello se suma la crisis salarial dentro del propio sector castrense. Según datos actualizados al 15 de julio, la mayoría de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas, como cabos y sargentos, perciben sueldos muy por debajo de la línea de pobreza. “Tenés a más de la mitad de las fuerzas por debajo del umbral de ingresos que define la pobreza. Esto genera una desprofesionalización total, nadie puede vivir con esos sueldos”, alertó López. En paralelo, señaló que la brecha con las fuerzas de seguridad federales volvió a ampliarse, tras una equiparación que se había logrado parcialmente en los últimos años.
Finalmente, planteó que la lógica de subordinación militar a potencias extranjeras, en lugar de fortalecer una defensa autónoma, compromete aún más la soberanía: “Esto no es reequipamiento, es dependencia. Una Fuerza Armada sin formación, sin recursos y sin autonomía, no puede garantizar la defensa de los intereses nacionales”.
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