Desde la ONG Nuevo Ambiente siguen denunciando la inacción de los municipios de Berisso y Ensenada, ante la falta de cumplimiento de la Ley 12.756 que declara a las islas Paulino y Santiago como “paisaje protegido”, y exige la elaboración de un plan de manejo ambiental conjunto.
Marcelo Garofalo, referente de la organización, recordó que la justicia dictó una medida cautelar en 2023, tras una acción judicial presentada por la ONG, ordenando a los municipios y a la Provincia de Buenos Aires que elaboren un plan conjunto.
“Este plan tiene que estar coordinado entre las dos municipalidades. La ley tiene más de 20 años, pero nunca se hizo un plan de manejo común”, explicó, y que ante esa situación “eso facilitó que durante años se realizaran construcciones ilegales, ventas de lotes y otras acciones sin control en las islas”.
A dos años del fallo, el plan aún no existe y desde Nuevo Ambiente advierten que la situación en el territorio sigue deteriorándose. “A ver, acá de lo que se trata es de proteger lo que tenemos, y eso es lo que vemos que no están haciendo”, sostuvo.
La ONG presentó ante la justicia fotos, registros y documentación que muestran la continuidad de actividades prohibidas, como desmontes, obras sin autorización y operaciones inmobiliarias en zonas protegidas en las dos islas “presentamos fotos a la jueza donde inmobiliarias venden terrenos en Santiago con construcciones ya hechas”.
A eso se suma el crecimiento desmedido de edificaciones a lo largo del canal central de la Isla Santiago: “Vean la cantidad de construcciones, el tipo de material compare eso con una imagen previa a la pandemia y te vas a dar cuenta, a simple vista, que se han realizado edificaciones que van mucho más allá de lo que estaría permitido en un lugar con estas características”.
También cuestionó al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, quien aseguró “públicamente” que el plan ya fue presentado. “Nos trata poco menos que de exagerados, pero nosotros no pedimos nada raro. Sólo que se cumpla la ley y se proteja el ambiente”, plasmó.
De todos modos, valoró el rol de la jueza al decir que “con toda sinceridad, tengo que decir que se ha comportado de manera correcta”, y que “está actuando bien, pero se va a tener que poner más firme, porque hay cosas que están pasando y siguen siendo muy graves”.
Por último, ante la consulta si hay una prioridad a favor de las construcciones sobre el medio ambiente comento “no te lo podría probar, pero es lo que uno ve. No sé si hay un modelo detrás, pero sí se priorizan las cuestiones económicas”; pero “es lo mismo que hace un gobierno nacional cuando termina habilitando la extracción de recursos sin controles. Se están llevando nuestros recursos impunemente, sin contención ni respeto por la ley”.
Desde la organización remarcan que el plan de manejo es la herramienta clave para establecer los límites y parámetros sobre lo que se puede y no se puede hacer en las islas. Los municipios y la Provincia deben elaborarlo cuanto antes para frenar la degradación ambiental que hoy avanza sin regulación efectiva.
Garofalo también se refirió a las vías legales como herramienta para frenar el avance sobre los ecosistemas protegidos: “Nosotros tratamos de evitar las alteraciones legales. Siempre hacemos actuaciones legales en forma previa”.
Como ejemplo, mencionó lo que sucede actualmente en La Plata con las principales plazas del centro: “Tenemos realmente graves problemas en Plaza Rocha, cerraron 60.000 metros cuadrados durante un año y medio, sin ningún tipo de plan ni justificación. Entonces, ¿cuál era la intención?”, se preguntó.
Y remarcó que la sociedad no tiene un compromiso social de defender el ambiente “no es algo que uno esperaría, te doy como ejemplo a los platenses le privaron del otoño, invierno, primavera y verano de 60 mil metros cuadrados de las tres plazas y lamentablemente fueron muy pocos los que hicieron una queja o alguna manifestación” y recalcó “no hay conciencia social”.
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