La ciudad de La Plata atraviesa días marcados por la indignación y la incertidumbre ante dos situaciones que evidencian los riesgos que conlleva la desregulación estatal y la complicidad con prácticas empresariales irregulares. Por un lado, la demolición con fondos públicos de un depósito ilegal incendiado; por otro, el avance de una investigación federal sobre la distribución de fentanilo contaminado que provocó la muerte de 54 personas, 18 de ellas atendidas en el Hospital Italiano de la capital bonaerense.
En el primer caso, se trata de una estructura perteneciente a la empresaria Roxana Aloise, ubicada entre las calles 77 y 48, que funcionaba como depósito sin habilitación y bajo condiciones de altísimo riesgo. El inmueble se incendió y hoy está siendo demolido con recursos del municipio. Las tareas, según fuentes consultadas, demandan millones de pesos del erario público, aunque se espera, según informaron desde el gobierno local, que Aloise reembolse el monto. Sin embargo, la situación ha generado malestar en la comunidad; mientras vecinos deben costear arreglos por daños ocasionados por árboles caídos durante tormentas sin asistencia municipal, se destinan fondos públicos a resolver una catástrofe provocada por la falta una responsabilidad empresarial.
A esto se suma el impacto económico en los comercios de la zona, que vieron reducidas sus ventas y, en algunos casos, debieron cerrar o fueron clausurados debido a las condiciones derivadas del siniestro. El perjuicio recae sobre pequeños comerciantes y trabajadores.
En paralelo, una tragedia sanitaria de alcance nacional también tiene a La Plata como epicentro. Una investigación encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak apunta al laboratorio HLB Pharma Group, propiedad de Ariel García Furfaro, como responsable de la distribución de fentanilo contaminado. Las muertes asociadas al uso de esta sustancia, sumadas a las secuelas en pacientes sobrevivientes y al dolor de sus familias, ponen en evidencia la fragilidad de los sistemas de control sanitario.
Varios de los decesos ocurrieron en el Hospital Italiano, uno de los centros de salud más reconocidos de la región. Sin embargo, familiares de las víctimas denuncian que la institución no brindó respuestas ni acompañamiento. Tampoco recibieron explicaciones oficiales más allá de un escueto comunicado institucional. En muchos casos, debieron recurrir a contactos internos para acceder a las historias clínicas o contratar abogados que cobraban cifras exorbitantes por trámites que legalmente corresponden a los deudos.
Las denuncias apuntan a un patrón común, el abandono de las funciones de control estatal. Según distintos testimonios, tanto en el caso del depósito incendiado como en la distribución del fentanilo adulterado, se actuó sin fiscalización previa, sin intervención efectiva por parte de organismos como ANMAT y sin voluntad de revertir un modelo que prioriza el ahorro presupuestario por sobre la seguridad de la población. Mientras tanto, se profundiza la impunidad de ciertos sectores empresariales que, lejos de recibir sanciones, continúan operando con normalidad.
Lo ocurrido en estas semanas en la capital bonaerense instala una preocupación concreta: ¿qué otras tragedias podrían evitarse si existiera un Estado más presente, con mecanismos eficaces de prevención, sanción y reparación?