En medio de un creciente malestar social, la descomposición política del gobierno nacional gana velocidad. A la par del veto presidencial a los proyectos votados por el Congreso que garantizaban mejoras para jubilados y trabajadores, los ojos del sistema político se posan sobre los gobernadores, para ver si serán ellos quienes definan si el rechazo al veto prospera o si se diluye entre negociaciones de última hora.
La sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados aparece como un punto de inflexión. Con un Ejecutivo que exhibe un discurso repetitivo, un modelo de gestión aislado y sin logros concretos, la tensión se traslada al Congreso. Legisladores que hasta hace semanas acompañaban al presidente comienzan a tomar distancia, evaluando su propio futuro político frente a un escenario de desgaste presidencial acelerado.
Entre los dirigentes con ambiciones nacionales, se empieza a jugar una partida de alto riesgo. Si mantienen el respaldo al gobierno, quedarán marcados como parte del fracaso; si lo abandonan, deberán sostener un nuevo frente opositor con coherencia y firmeza. Algunos analistas consideran que esta semana se pondrá a prueba la viabilidad real de esa construcción.
En paralelo, el deterioro económico y social se profundiza. Durante las vacaciones de invierno, más de la mitad de los hoteles en ciudades turísticas como Mar del Plata no abrieron sus puertas. Los que sí lo hicieron, trabajaron con una ocupación que no superó el 35%, muy por debajo de lo necesario para cubrir costos. Frigoríficos y textiles, emblema de la producción local, cerraron o recortaron personal. Incluso en sectores de altos ingresos, como Pinamar, la caída en la recaudación de tasas municipales obligó al intendente a pedir asistencia financiera urgente al Banco Provincia para pagar sueldos.
A este cuadro se suma la preocupación institucional por las maniobras de inteligencia política. En los últimos días se filtró un informe de la exSIDE que revela tareas de espionaje sobre dirigentes opositores, algo que se repite desde el macrismo pero que hoy cobra nueva dimensión en un contexto de ajuste brutal y veto a las jubilaciones. El presupuesto destinado a los organismos de inteligencia supera los 12.000 millones de pesos, de los cuales ya se habría ejecutado más del 90% en menos de seis meses.
Mientras el dólar se dispara, el consumo se desploma y el Presidente continúa sin inaugurar obras ni presentar medidas de alivio, en varios espacios legislativos y en reuniones de gobernadores comienza a circular una palabra que hasta hace poco era tabú, Asamblea Legislativa. Algunos sectores del oficialismo duro lo niegan, pero el rumor crece incluso entre dirigentes que hasta hace poco formaban parte de la alianza libertaria.
Lo que hasta ahora era impensable, comienza a instalarse como hipótesis de trabajo. No por una operación partidaria, sino por una combinación de datos económicos, señales institucionales y un deterioro que, si no se detiene, podría tener consecuencias imprevisibles.