Este lunes, el Gobierno bonaerense volvió a encender las alarmas sobre el nivel de desinversión del Ejecutivo nacional en la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), y Romina Barrios, (directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), detallaron el impacto que tiene la paralización de obras y la discontinuidad de programas nacionales sobre el territorio bonaerense.
Según informaron, la deuda total que la Nación mantiene con la Provincia asciende a $12,1 billones. Esta cifra contempla $3 billones por transferencias directas impagas (entre ellas, fondos previsionales, el Incentivo Docente y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal), $6,9 billones por obras públicas nacionales interrumpidas y $2,2 billones por programas desfinanciados, entre los que se encuentran el Fonid, el FOFOFI y la Asistencia Alimentaria.
Ante este escenario, la Fiscalía de Estado bonaerense presentará un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de los fondos previsionales adeudados. La Provincia solicitará que el máximo tribunal defina si tiene competencia en la causa y convoque a una audiencia de partes, tal como ocurrió en reclamos similares presentados por las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Por otro lado, el Gobierno provincial alertó sobre el fuerte retroceso del turismo durante el receso invernal. De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico a nivel nacional cayó un 10,9% respecto al año pasado, con un impacto negativo en los niveles de ocupación, el consumo y la actividad en rubros como hotelería y gastronomía.
En lo que respecta a infraestructura, Katopodis señaló que más de 1.000 obras están totalmente paralizadas en los 135 municipios bonaerenses debido a la decisión del Ejecutivo nacional de no ejecutar fondos recaudados a través de impuestos específicos. Frente a esto, la administración provincial duplicó el presupuesto proyectado para 2025 respecto al ejecutado en 2024, con una inversión prevista superior a $1,3 billones.
Finalmente, desde el OPISU destacaron que, a pesar del recorte nacional, el organismo continúa su trabajo en barrios populares: ya intervino en 253 barrios de 67 municipios, alcanzando a más de 505.000 personas con una inversión total de $372.000 millones. Actualmente, hay 13 obras listas para comenzar, por un monto de $66.000 millones, y otras 10 en proceso de licitación.