El complejo yerbatero argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas, un escenario que evidencia con claridad la profunda crisis estructural del país, resultado directo de un modelo económico que prioriza la especulación financiera y la exportación de recursos naturales sin desarrollo de una producción propia y con pérdida de empleo. La realidad del sector yerbatero, con caída en la producción, precarización de los pequeños productores, aumento de importaciones y concentración industrial, es un ejemplo palpable de las peligrosas heurísticas de un sistema que favorece la extracción y la especulación por sobre la producción y el trabajo genuino.
Datos que revelan un campo en deterioro
Durante los primeros seis meses de 2025, la cantidad de hoja verde procesada en la Argentina fue de 449,55 millones de kg, un descenso del 20,3% respecto a un 2024 récord —que a su vez superó ampliamente la media del período 2021-2024—, marcando una tendencia de caída sostenida en la producción. Pese a una leve recuperación en el consumo interno en junio, con 21,41 millones de kg (7% más que en 2024), todavía se encuentra un 17,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La estacionalidad y la caída en el volumen de consumo evidencian cómo la pérdida de poder adquisitivo y los efectos de la globalización de la yerba, vía importaciones, impactan directamente en las Comunidades rurales argentinas.
Por su parte, las exportaciones crecieron un 18% en comparación a 2024, alcanzando récords históricos, en especial por las ventas a Siria, con el 70% del volumen total exportado. En paralelo, las importaciones aumentaron un 80% respecto a 2023, llegando a 11,9 millones de kg, ingresadas principalmente desde Paraguay y Brasil a precios que afectan severamente a los productores nacionales. Estas importaciones, además de desplazar la yerba local y bajar los precios, blindan a las grandes industrias concentradas, debilitando aún más la presencia de un pequeño productor que ve precarizado su ingreso y su potencial de sustentabilidad.
La relación de fuerza y de precios: una cadena desigual
Uno de los datos más reveladores de la crisis: en junio de 2025, el productor recibe solo el 18,9% del precio final de venta en góndola —una caída de 5,5 puntos porcentuales respecto a la media histórica—, mientras que en términos reales la remuneración por la hoja verde cayó un 45,9% desde diciembre de 2023. Esto confirma que la mayor parte del valor agregado en la cadena de producción se concentra en la industria y la comercialización, en detrimento del productor, que además no cuenta con un INYM fortalecido para regular las condiciones de mercado.
Políticas que agravan la crisis
El escenario se complica aún más por la implementación de medidas como el DNU 70/2023, que elimina los acuerdos semestrales de precios y deja al sector a merced de una desregulación que favorece la concentración y la especulación. La falta de un presidente en el INYM y la inacción en la actualización de su financiamiento —que limitan su capacidad de regulación— profundizan la vulnerabilidad del sector.
El impacto de la política neoliberal en los años 90, que desreguló y dispuso la caída definitiva del valor real de la yerba, vuelve a repetirse en la actualidad bajo el discurso de modernización y “abertura” económica. La historia se repite: menores precios para los productores, mayor dependencia de importaciones y concentración en pocas manos, mientras la economía argentina sigue estando en las manos de quienes extraen recursos sin transformar ni generar empleo de calidad.
Un reflejo de la economía argentina
La situación del sector yerbatero no es solo una problemática sectorial. Es un espejo de una economía que, desde hace décadas, sostiene su marco estructural en la extracción de recursos naturales en condiciones desfavorables, fomentando un círculo vicioso de precarización y dependencia. La especulación financiera y las políticas de apertura, que priorizan la salida de divisas y la exportación de commodities sin valor agregado, dejan a las comunidades rurales y a los pequeños productores en situación de vulnerabilidad, sin posibilidad de arraigo ni desarrollo sostenible.
• Datos surgidos de Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)