La ciudad de La Plata fue escenario en los últimos días de decisiones judiciales que marcaron fuerte impacto político y social. En los juzgados federales locales se tramitaron dos causas sensibles, la denuncia contra el presidente de la Nación por un posteo en redes sociales y la investigación por la muerte de pacientes tras la aplicación de fentanilo contaminado.
Por un lado, el juez federal Alberto Recondo resolvió no dar lugar al pedido de la familia de un niño de 12 años con autismo para que el presidente eliminara una publicación en la red social X, en la que se lo agravió. El fallo avaló la postura del mandatario bajo el argumento de que podía expresarse como ciudadano, lo que generó un fuerte debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección de la niñez. La familia del menor anticipó que apelará la resolución ante la Cámara Federal de La Plata.
En paralelo, el juez Ernesto Kreplak avanzó en la investigación por la muerte de 96 personas vinculadas al uso de fármacos contaminados con fentanilo. El magistrado recibió informes del Instituto Malbrán que confirmaron que los productos habían salido adulterados desde los laboratorios que los producían. A partir de esa pericia se ordenaron allanamientos y detenciones de responsables técnicos y directivos de las empresas implicadas.
El caso también abrió interrogantes sobre la actuación del ANMAT y el rol del Estado en los controles sanitarios. La sospecha es que la falta de fiscalización facilitó la circulación de medicamentos defectuosos, lo que derivó en un drama sanitario sin precedentes recientes.
Ambos expedientes confluyen en un punto común, la relación entre decisiones judiciales y el funcionamiento del Estado en temas de derechos y salud pública. Mientras un fallo puso en discusión el trato hacia la infancia y las personas con discapacidad desde las más altas esferas del poder, el otro expuso las consecuencias de la desregulación y el debilitamiento de los organismos de control.
La seguidilla de resoluciones judiciales dejó en claro que, más allá del calendario electoral, los tribunales platenses se han convertido en escenario central de debates que atraviesan de lleno a la política nacional.