A cuatro días de las elecciones provinciales, el gobierno nacional quedó envuelto en una fuerte polémica tras la decisión judicial de prohibir la difusión de audios que comprometerían a funcionarios de primera línea. La medida fue calificada como un acto de censura grave y despertó interrogantes sobre el contenido de esas grabaciones, que en parte ya comenzaron a circular en medios internacionales.
El intento de bloquear a la prensa generó rechazo por su carácter antidemocrático y expuso la fragilidad del oficialismo. Esto da a pensar que si el gobierno está dispuesto a correr el riesgo de aplicar una medida tan impopular en plena campaña, el contenido de los audios debe ser altamente comprometedor.
Uno de los elementos más llamativos fue el juez elegido para firmar la resolución; un magistrado cuestionado, con varios procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura, incluso por delitos sexuales. El hecho de que el oficialismo deba recurrir a una figura tan desacreditada fue leído como un signo de aislamiento y de pérdida de influencia en los tribunales de Comodoro Py, históricamente decisivos en la política argentina, consideró Gastón Garriga en su columna política.
Ahora bien, la lectura apunta a que Javier Milei ya no cuenta con el respaldo de Mauricio Macri ni de la estructura judicial ligada a Juntos por el Cambio. El presidente se ve obligado a “arreglarse solo” y a recurrir a actores marginales dentro del Poder Judicial. Esta soledad se refleja también en la mesa chica del gobierno, caracterizada por la improvisación y por decisiones erráticas que profundizan la crisis institucional.
Los audios en cuestión refieren a hechos de corrupción vinculados con fondos destinados a personas con discapacidad, en un contexto en el que el propio gobierno recortó pensiones y programas de asistencia. A eso se suman denuncias sobre sobreprecios en el PAMI, con compras de insumos hasta doscientas veces por encima de su valor de mercado.
Estos episodios golpean directamente a la campaña electoral, al punto de que en varias provincias el oficialismo suspendió actividades y enfrenta un rechazo social difícil de revertir.
En medio de este escenario, la decisión de Milei de viajar a Las Vegas para asistir a un show de Fátima Florez generó sorpresa y críticas. Para algunos, se trata de un gesto de desapego frente a la gravedad de la situación, que deja expuesta la falta de conducción política.
La incógnita que se abre es quién quedará al frente del gobierno durante su ausencia. Por línea sucesoria, la vicepresidenta Victoria Villarroel debería asumir el mando, aunque su falta de diálogo con sectores del oficialismo y su vínculo con grupos empresariales genera incertidumbre sobre su capacidad de sostener la gobernabilidad.
Los escenarios posibles
El debilitamiento del Ejecutivo reaviva las especulaciones sobre un eventual juicio político y la convocatoria a la Asamblea Legislativa. Gobernadores como Maximiliano Pullaro o Martín Llaryora aparecen como posibles figuras de consenso para encabezar una transición, mientras que el nombre de Juan Schiaretti podría cobrar fuerza si la crisis se prolonga hasta diciembre.
Otro de los ejes de la crisis es el rol de los servicios de inteligencia. El actual gobierno invirtió grandes recursos en ese sector, pero los audios filtrados demuestran que falló incluso en la contrainteligencia básica para proteger a sus funcionarios.
El episodio confirma que intentar construir poder a partir de los servicios es un error, porque tarde o temprano operan según sus propios intereses.
La conclusión es un gobierno en agonía, que atraviesa los análisis es que la gestión de Milei se encuentra en una fase terminal, caracterizada por la improvisación, la pérdida de apoyos y la soledad política. El intento de censura a los medios, lejos de blindar al gobierno, aceleró el desgaste y dejó en evidencia que la democracia argentina sigue siendo condicionada por decisiones desesperadas de un oficialismo en retirada.
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