La elección del 7 de septiembre dejó un dato político contundente: el oficialismo sufrió un revés que nadie esperaba hace apenas algunos meses. Sin embargo, lo que hoy se traduce en números en las urnas no es un fenómeno súbito ni azaroso. Es, en realidad, la consecuencia de un deterioro económico que golpea a diario en los bolsillos y que el propio gobierno intentó ocultar bajo la excusa de que se trataba de el “riesgo Kuka”, o bien “turbulencias transitorias”, ligadas al calendario electoral.
Desde julio, el equipo económico había definido la situación como pasajera y se atrincheró en un esquema defensivo que agotó una tras otra sus herramientas: venta de futuros de dólar por más de USD 5.000 millones, estrangulamiento de pesos con tasas de hasta 75,6% anual, aumento de encajes bancarios que obligaron a inmovilizar $19.500 millones promedio en agosto, e intervenciones directas sobre bonos y títulos. La llamada “bala de plata” llegó a pocos días de la votación: el Tesoro vendió más de USD 530 millones para intentar evitar una devaluación.
La prioridad fue clara: sostener el tipo de cambio al costo que fuera necesario para llegar sin un estallido al 7 de septiembre. Pero el precio de esa estrategia se ve ahora con crudeza. Los pilares del programa económico –el refinanciamiento de deuda en dólares y la sostenibilidad del esquema cambiario– quedaron gravemente dañados. El propio mercado lo refleja: fuga de capitales por USD 15.000 millones en cuatro meses, déficit de cuenta corriente proyectado en USD 10.000 millones hacia fin de año y riesgo país que superó los 1.000 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2024.
Tras la elección, el lunes 8 se vivió la contracara de la contención artificial: el dólar oficial mayorista saltó a $1.450 (+6,1%), el Merval se desplomó 20% en dólares y los bonos soberanos tuvieron caídas de hasta el 11%. El derrumbe no fue un reflejo de pánico por el resultado electoral en sí mismo, sino la confirmación de algo que los operadores ya intuían: el esquema de Milei y Caputo es insostenible.
A la par, los indicadores sociales muestran la otra cara de la crisis. La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año ya supera el 105%, con proyecciones privadas de más del 170% para 2025. Los salarios reales registran una caída del 14% interanual, la más profunda desde 2002. La pobreza urbana se ubica en torno al 52% y la indigencia ya afecta a más de 1 de cada 10 argentinos. La caída del consumo masivo supera el 7% interanual y la industria acumula cuatro meses consecutivos en rojo.
Las reservas internacionales netas del Banco Central se ubican apenas por encima de los USD 5.000 millones, lo que limita su capacidad de maniobra frente a vencimientos inmediatos de deuda: en enero próximo hay pagos por USD 4.500 millones. Con bonos argentinos que rinden hasta el 20% anual en dólares, el acceso al financiamiento externo se volvió prácticamente imposible.
La explicación del oficialismo, que reduce todo al “riesgo de la oposición” o al “ruido electoral”, omite lo central: la gente votó como votó porque la economía ya estaba en crisis antes de los comicios. Los salarios se pulverizan con la inflación, las tarifas de servicios públicos subieron en algunos casos más del 300% en el último año, el crédito desapareció y el dólar paralelo hace tiempo se transformó en termómetro de la incertidumbre.
El 7 de septiembre no marcó el inicio de la tormenta, sino el momento en que esa tormenta se expresó en las urnas. El voto fue un canal de desahogo frente a los desatinos económicos de un gobierno que, en lugar de reconocer la magnitud del problema, se limitó a apostar todo a una foto electoral.
Ahora, el dilema es cómo se transitará hasta octubre. El oficialismo puede insistir con la receta del “plan aguantar”, forzando nuevamente al dólar a la baja con intervenciones costosas, o dejar que el mercado busque un equilibrio más cercano a la realidad. Ambas opciones tienen un costo alto: más recesión y más inflación, o más volatilidad cambiaria.
Lo que queda claro, a la luz del antes y el después del 7 de septiembre, es que la crisis no nació de un resultado electoral adverso. Fue al revés: la derrota fue el resultado político de una economía que ya venía deteriorándose y que, tras el veredicto de las urnas, expone sin anestesia su fragilidad.