El panorama laboral y productivo de la provincia de Buenos Aires refleja con crudeza el impacto de las políticas económicas implementadas en los últimos diecinueve meses. Según un reciente informe del CEPA (Centro de Econmía Política Argentina)entrenoviembre de 2023 y junio de 2025, la provincia perdió más de 4.000 empresas y 82.300 puestos de trabajo registrados, según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analizados por el CEPA.
El golpe más duro lo recibió la industria nacional. Solo la construcción expulsó a 25.628 trabajadores y cerró 717 empresas, configurándose como el sector más afectado. La industria manufacturera, motor histórico del empleo formal, también sufrió un desplome: 22.104 puestos de trabajo menos y el cierre de 664 empleadores. Estos números dan cuenta de un proceso de desindustrialización acelerada, que no solo reduce la capacidad productiva del país sino que deja a miles de familias sin sustento.
La retracción no es exclusiva de estas ramas. El transporte y almacenamiento perdió 14.633 empleos, mientras que la administración pública recortó 16.786 puestos. Comercio, enseñanza, servicios culturales y hasta el rubro de la salud mostraron caídas, aunque en menor medida. En términos relativos, la construcción fue la que más se desplomó, con una baja del 18,9% en el empleo registrado.
El deterioro también se observa al analizar el tamaño de las empresas. La caída en la cantidad de empleadores afectó casi en su totalidad a las pymes, que representan el 99,9% de las firmas desaparecidas. Sin embargo, los grandes conglomerados tampoco escaparon a la crisis: las empresas con más de 500 trabajadores explicaron más de la mitad de la destrucción de empleo formal en el período, con 43.733 puestos menos.
En definitiva, la política económica actual está dejando una huella preocupante: se destruye tejido productivo, se achica la capacidad de generar empleo y se erosiona la base de la industria nacional. A contramano del discurso oficial, no se trata de un “reacomodamiento” transitorio, sino de un retroceso estructural que compromete el futuro del trabajo y de la producción en la principal provincia del país.
Los datos revelan con claridad que sin un cambio de rumbo que proteja a la industria y promueva la actividad productiva, la Argentina seguirá perdiendo empresas, empleos y oportunidades, consolidando un modelo económico excluyente que erosiona el bienestar social y debilita la soberanía nacional.