En Jujuy, el sindicato de trabajadores azucareros de Ingenio Ledesma atraviesa un conflicto que combina la crisis laboral, los salarios deteriorados y una trama de denuncias por corrupción en la obra social. Luciano Lezano, flamante Secretario General de la organización que nuclea a más de 4.500 trabajadores, advirtió que “están haciendo mucho daño las políticas del gobierno nacional”, y apuntó directamente contra el diputado de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, a quien acusa de querer quedarse con la obra social mediante un contrato fraudulento.
“Nosotros somos el sindicato del azúcar más grande del norte argentino, en Jujuy, Salta y Tucumán. Representamos a unos 4.500 compañeros y compañeras. Para una provincia como Jujuy eso es todo, porque siete localidades prácticamente fueron fundadas por la empresa Ledesma. Si no trabajás ahí, la única alternativa es la municipalidad. Si te echan, te tenés que ir con toda tu familia a otra parte”, explicó el dirigente sindical.
La situación del sector se agravó en los últimos meses con los despidos masivos y la pérdida del poder adquisitivo. “Siempre negociamos en línea con la canasta básica, pero ya estamos 300 mil pesos por debajo. Hemos perdido muchísimo poder adquisitivo mientras la empresa obtuvo ganancias multimillonarias. El año pasado, según informes bursátiles, Ledesma ganó 96 billones de dólares. Sin embargo, cuando pedimos un bono de 10 mil pesos nos dicen que no hay plata, mientras que los directivos se repartieron 23 mil millones cada uno. Es indignante”, sostuvo en diálogo con FM TresCiudades.
Lezama asumió la conducción del gremio en noviembre pasado y desde entonces impulsó la idea de conformar una federación con sindicatos azucareros de la región para cambiar la lógica de las paritarias. “Ya no podemos conformarnos con pelear por la comida. Necesitamos un salario digno, como establece la Constitución; vivienda, salud, vacaciones, esparcimiento. No puede ser que trabajemos toda la vida solo para comer”, remarcó.
Pero el frente más delicado no está en el salario, sino en la salud. El gremio administra una de las obras sociales sindicales más importantes de la provincia, que da cobertura a unas 5.100 personas: “Nuestra obra social aporta 12.500 pesos por cada trabajador, unos 59 mil pesos por grupo familiar. Con eso tenemos que cubrir medicamentos que valen millones; hay compañeros diabéticos con tratamientos de 600 mil pesos, pacientes oncológicos con quimios de 23 millones cada 16 días, chicos con discapacidad. Es imposible sostenerlo sin apoyo del Estado, que nos quitó todos los subsidios. Encima, desde la pandemia los médicos cobran plus por todo y las obras sociales chicas nos estamos fundiendo”.
En ese contexto surgió el escándalo donde Lezano denunció que la gestión anterior del sindicato firmó un contrato de exclusividad por 24 años con el diputado nacional Manuel Quintar, empresario del sector de salud y referente de La Libertad Avanza en Jujuy. “Hicieron un arreglo fraudulento entre gallos y medianoche. Crearon una deuda ficticia de 183 millones en 2022, embargaron los inmuebles y nos obligaban a atendernos en su clínica. Cuando asumimos y empezamos a auditar, descubrimos que nos facturaban cirugías, resonancias y tratamientos nunca realizados. Un afiliado nos dijo: ‘A mí no me hicieron nada’ y en la historia clínica figuraban operaciones inventadas. Con esa auditoría bajamos la facturación de 70 millones mensuales a 18 millones. Nos estaban robando”, acusó.
Ante ello, la respuesta fue inmediata. “Cuando quise romper el contrato, Quintar me quiso coimear. Me dijo ‘agarralo vos y sigamos igual’. Como no acepté, mandó una patota para tomar la clínica, amenazó con voltear mi firma y operó políticamente para que la Superintendencia de Servicios de Salud no nos dé la certificación de autoridades. Sin ese papel, el banco me bloquea las cuentas, no puedo pagar tratamientos ni operaciones, y la obra social queda al borde del cierre. Es desesperante, tengo pacientes esperando cirugías, chicos que necesitan medicación urgente. Para la Secretaría de Trabajo es un trámite, para nosotros es vida o muerte”, adviertió el gremialista.
Las amenazas no tardaron en llegar: “Me dijeron que conocen a mi familia, dónde vivimos. Antes Quintar mostraba un Excel y la comisión anterior pagaba. Yo ahora pido documentación, auditorías, y ahí empezó el conflicto. Le paramos el kiosco y quiere quedarse con todo. Si llega a caer mi firma, se cierra el negocio que hicieron con la obra social. Está dispuesto a todo; pagó colectivos y 100 mil pesos por persona para una asamblea trucha que intentó destituirme. No pudo, porque más del 90 por ciento de los trabajadores me respaldó”.
El dirigente aseguró que cuenta con el apoyo de sindicatos azucareros de toda la región y de la CTA Autónoma, que puso a disposición abogados. También reconoció gestiones del gobernador Carlos Sadir para frenar despidos y renegociar embargos. “Acá no se trata de banderías políticas, yo soy peronista, pero lo que está en juego es la salud de miles de familias jujeñas. Si cierran nuestra obra social, toda esa gente va a ir al sistema público, que ya está colapsado. Incluso la propia empresa Ledesma expresó su preocupación”, remarcó.
Mientras tanto, el tiempo corre ya que la Superintendencia le dio 30 días para presentar la certificación de autoridades; y si no lo logra, le cierran la obra social.
“Estoy dispuesto a encadenarme o a hacer huelga de hambre, lo que sea necesario. No me voy a ir de Buenos Aires sin ese papel. Porque no se trata de una firma: se trata de vidas. Y yo hago responsable al diputado Quintar, a la ex comisión directiva y a los funcionarios que están trabando la certificación. Están jugando con la salud de nuestro pueblo”, concluyó Lezano.
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