El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei al Congreso para comenzar a debatir en el día de hoy, expone fuertes contradicciones con el discurso transmitido días atrás en cadena nacional. Mientras el mensaje oficial celebraba una administración austera y transparente, el texto enviado revela supuestos macroeconómicos poco realistas y un blindaje fiscal que recae sobre áreas sensibles como salud y educación.
La regla central del plan es clara: si la recaudación supera lo previsto, se reducen impuestos. Si, en cambio, la economía se frena y los ingresos fiscales caen, se recorta el gasto discrecional. Ese gasto incluye partidas clave como las destinadas a políticas sanitarias y educativas, lo que anticipa un ajuste automático frente a cualquier desaceleración.
Las proyecciones macroeconómicas que acompañan el presupuesto lucen desfasadas respecto de las estimaciones privadas. El Gobierno plantea un crecimiento de 5,4% para 2025 y de 5% para 2026, números que superan ampliamente los del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y que resultan difíciles de sostener frente a los datos recientes de actividad. En materia inflacionaria, la previsión oficial también es optimista: se proyecta una inflación mensual de apenas 1% a lo largo de 2025 y de 0,8% en 2026, una desaceleración pronunciada que contrasta con la dinámica actual de precios.
El apartado cambiario resulta aún más llamativo. El presupuesto estima un dólar de $1470 para diciembre de 2027, prácticamente el mismo valor al que cotiza hoy. La previsión genera dudas, ya que el propio proyecto reconoce un déficit comercial cercano a los USD 16.500 millones. En otras palabras, el Ejecutivo plantea un tipo de cambio virtualmente congelado durante dos años y medio, en un escenario sin ingreso neto de divisas.
La meta de exportaciones también despierta interrogantes. Se proyecta alcanzar USD 112.695 millones en 2026, un récord histórico para la Argentina. La cifra para 2025, igualmente, supera con creces las estimaciones privadas y los niveles actuales de la balanza comercial. Ante este cuadro, surgen preguntas sin respuesta: ¿cómo se financiará el rojo externo? ¿Por qué no se contempla una regla de ajuste similar a la fiscal para este frente?
Los analistas remarcan que gran parte de las cifras parecen haberse cerrado antes de la inestabilidad cambiaria de julio y agosto de este año, lo que explicaría el desfase entre los números oficiales y la coyuntura económica. Sin embargo, más allá de las inconsistencias técnicas, el presupuesto deja en evidencia la lógica política del gobierno: asegurar el superávit financiero a cualquier costo, incluso si eso implica trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
A esa tendencia se suman recortes sensibles en educación y salud. En el caso de las universidades, el Ejecutivo prevé para 2026 una partida de 4,7 billones de pesos, que apenas anualiza lo percibido en diciembre de 2025 y queda muy por debajo de los 7,3 billones necesarios para garantizar el funcionamiento normal del sistema. Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que se trata de un “falso aumento” que consolida la pérdida y profundiza la crisis universitaria. Además, el proyecto elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y deroga la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, mientras flexibiliza los mecanismos de control sobre el financiamiento de universidades, dejando las transferencias sujetas a la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano.
En materia sanitaria, el Gobierno anunció un aumento del 17%, pero especialistas advierten que resulta insuficiente tras dos años de ajustes que afectaron áreas críticas como la Superintendencia de Servicios de Salud (-56%), el Instituto Nacional del Cáncer (-54%) y hospitales nacionales con recortes de entre 30% y 38%. El ministro bonaerense Nicolás Kreplak calificó el presupuesto como “una estrategia electoral” que no resuelve el deterioro del sistema.
El panorama se repite en jubilaciones y pensiones. El incremento global del 5% para 2026 no se traduce en una mejora efectiva de haberes, ya que está atado a la proyección de baja inflacionaria. En discapacidad, el presupuesto refleja un ajuste encubierto: el número de pensiones previstas para el próximo año se reduce en casi 200.000 beneficiarios respecto de junio de 2025.
Con este marco, las cifras del Presupuesto 2026 muestran un discurso oficial que promete mejoras, pero un proyecto que en los hechos consolida el ajuste. Universidades al borde del colapso, un sistema sanitario debilitado, pensiones recortadas y jubilaciones sin recomposición real dejan a la vista que, más allá del relato de la cadena nacional, el superávit se sostiene a expensas de los sectores más vulnerables.