La semana pasada, el gobierno nacional habilitó una baja transitoria de retenciones al agro que, en apenas tres días, generó una liquidación récord y un beneficio millonario para las grandes cerealeras.
El esquema estaba pensado para extenderse hasta fines de octubre, pero la ventana se cerró abruptamente tras alcanzar los 7.000 millones de dólares declarados para exportación. Ese límite fue alcanzado de manera casi inmediata por los principales actores del mercado, en su mayoría multinacionales con base en Estados Unidos, China y Europa. Sólo un par de firmas son de capitales argentinos.
El mecanismo permitió a las cerealeras declarar ventas externas aún sin haber comprado el grano a los productores, situación que generó reclamos en el sector primario. En los hechos, fueron estas compañías las que se quedaron con la ganancia extraordinaria, estimada en 1.500 millones de dólares.
El impacto no se trasladará en su totalidad al productor, ya que son las cerealeras las que pagan el impuesto a la exportación pero lo descuentan del precio al momento de comprar la mercadería. De este modo, la reducción de retenciones no se traduce necesariamente en una mejora para el campo, sino en un beneficio directo para las grandes exportadoras.
El movimiento también tuvo repercusiones internacionales. La sobreoferta de soja argentina hizo bajar precios y favoreció compras rápidas de China e India, lo que encendió las alarmas en Estados Unidos, donde los agricultores se vieron perjudicados. No es casual que, según trascendió, el cierre anticipado de la medida haya estado influido por presiones de Washington.
Para el gobierno, el esquema funcionó como un “préstamo caro”; las cerealeras adelantaron dólares que engrosaron las reservas en un contexto de extrema necesidad de divisas. Sin embargo, el costo fiscal es alto, ya que se resignaron ingresos futuros en nombre del
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