La investigación judicial por la muerte de 124 personas a causa del suministro de fentanilo contaminado dio un nuevo paso en los últimos días con la prisión preventiva dictada contra Ariel García Furfaro, considerado el máximo responsable de los laboratorios HLB Parma y Ramayo S.A., donde se produjeron las partidas adulteradas. Junto a él, otros 16 integrantes vinculados a la familia y a las cúpulas empresariales de ambas firmas enfrentan imputaciones penales.
El expediente, a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, cuenta con más de 400 páginas y califica a García Furfaro como coautor penalmente responsable de la adulteración de sustancias medicinales con resultado fatal, en concurso con otros delitos vinculados a la salud pública. El magistrado dejó asentado que el empresario tomó decisiones directas en la fabricación, distribución y venta del lote 31202 de fentanilo, cuya producción se había autorizado en diciembre de 2024 y que luego se comprobó que se encontraba contaminado.
La causa se inició en abril de 2025, cuando en el Hospital Italiano de La Plata se detectaron casos graves en pacientes internados en terapia intensiva que habían recibido ese medicamento. Profesionales de la institución identificaron la presencia de bacterias que evidenciaban fallas en el proceso de elaboración y almacenamiento del opioide. Desde entonces, la ANMAT emitió una alerta nacional e incautó la totalidad del lote cuestionado, equivalente a 154.000 ampollas, de las cuales un 28% llegó a ser administrado en diferentes centros de salud.
Se trata de una de las tragedias sanitarias más graves de las últimas décadas en Argentina, producto de una combinación de negligencia empresarial y ausencia de controles estatales. Los laboratorios implicados ya habían sido cuestionados en el pasado por irregularidades en la producción de medicamentos, pero aun así continuaron operando en el mercado.
En paralelo al proceso judicial, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para analizar lo ocurrido. Allí se espera la exposición del juez Kreplak y la participación de familiares de las víctimas, que buscan visibilizar la magnitud del daño y la necesidad de sanciones ejemplares.
El avance de la causa contrasta con la actitud del Poder Ejecutivo, que hasta el momento se mostró reacio a pronunciarse públicamente sobre el hecho. La falta de controles estatales en el área sanitaria y la flexibilización en la venta de medicamentos, profundizada recientemente con nuevas resoluciones oficiales, quedaron en el centro del debate político tras conocerse la magnitud del escándalo.
Mientras tanto, la prisión preventiva de García Furfaro marca un precedente en la búsqueda de justicia frente a una catástrofe sanitaria que dejó más de un centenar de familias devastadas y abrió un fuerte cuestionamiento sobre la responsabilidad empresarial y el rol del Estado en la regulación de la salud pública.
Te invitamos a escuchar la columna completa del vasco Usabarrena para FM TresCiudades, en: