La semana política en la ciudad de La Plata estuvo marcada por un fuerte sacudón judicial y electoral que tuvo como epicentro los tribunales federales de calle 8 entre 50 y 51. Allí, el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, resolvió un nuevo capítulo en la crisis interna de La Libertad Avanza tras la renuncia del diputado y primer candidato José Luis Espert, investigado por presunto financiamiento ilícito vinculado al empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
La situación escaló en pocos días. Luego de que se conocieran pruebas que relacionaban a Machado con aportes millonarios a la campaña de Espert —entre ellos un contrato por un millón de dólares hallado durante un allanamiento—, el diputado presentó su renuncia. La decisión fue interpretada como un intento de evitar un mayor desgaste político a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Ante esta baja, La Libertad Avanza pidió formalmente que el tercer candidato de la lista, Diego Santilli, ocupara el primer lugar, desplazando a la segunda postulante, Karen Reichard (nombre artístico de Karina Celia Vázquez). Sin embargo, el juez Ramos Padilla rechazó la solicitud al considerar que, por razones de paridad de género, debía respetarse el orden original y mantener a Reichard como primera candidata.
La controversia se trasladó luego a la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, que emitió un fallo unánime con fuertes implicancias prácticas y presupuestarias. El organismo decidió no autorizar la reimpresión de las boletas electorales, que ya habían sido confeccionadas con la lista original encabezada por Espert. Se argumentó que el proceso implicaría volver a imprimir 14.041.036 boletas únicas, destinadas a 38.760 mesas de votación, con un costo estimado de más de 12 mil millones de pesos —unos 8 millones de dólares—, sin contar los plazos de entrega ni la disponibilidad presupuestaria para afrontar el gasto.
El fallo, de 26 fojas, fue firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el propio juez Ramos Padilla. En el documento se detallan los fundamentos que hicieron inviable el pedido del espacio libertario, entre ellos la ausencia de partida presupuestaria, los tiempos de licitación y la complejidad logística del operativo de impresión y distribución.
La resolución significó un nuevo revés político para el oficialismo nacional y para La Libertad Avanza, que en las últimas semanas perdió el control de la agenda pública en medio de los escándalos por financiamiento irregular. La polémica se amplificó aún más al conocerse que la propia Reichard —quien debería encabezar ahora la lista bonaerense— tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no podrá votar en la provincia que aspira a representar.
Con este fallo, la Justicia Electoral bonaerense dio por cerrado el intento de modificar la boleta y estableció que las elecciones del 26 de octubre se desarrollarán con la impresión original. La decisión deja al espacio libertario en una posición comprometida y con su estrategia de campaña en crisis, mientras se multiplican los cuestionamientos políticos y judiciales que alcanzan a sus principales figuras.