El reciente movimiento de fondos entre el gobierno argentino y el Tesoro de los Estados Unidos volvió a encender el debate sobre la naturaleza del acuerdo y sus efectos en la economía nacional. Según el análisis de especialistas, la operatoria vinculada al swap activado por Washington incluyó una recompra de dólares a un valor inferior al de compra inicial, lo que habría generado una ganancia financiera para el gobierno norteamericano, además de los intereses percibidos por la inversión en bonos argentinos.
El monto estimado de esta operatoria ronda los 2.000 millones de dólares. En ese marco, el Tesoro estadounidense habría recuperado fondos con rentabilidad a partir de la diferencia cambiaria y de los rendimientos obtenidos mientras esos recursos estuvieron colocados en instrumentos locales. De esta forma, una maniobra presentada como apoyo financiero a la Argentina habría implicado, en los hechos, un negocio de corto plazo para la contraparte extranjera y un incremento de la deuda para el país.
Mientras tanto, el panorama interno sigue condicionado por la volatilidad del tipo de cambio. En las últimas jornadas, el dólar oficial y el blue se ubicaron en torno a los 1.440 pesos, con una baja del riesgo país que perforó los 600 puntos. La aparente estabilidad cambiaria responde al sostenimiento de la flotación administrada por el Banco Central, aunque analistas advierten que el esquema se mantiene a fuerza de intervenciones y endeudamiento externo.
La dependencia del gobierno argentino respecto de los flujos financieros internacionales se profundizó este año con dos rescates consecutivos; el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril y el posterior auxilio de la administración Trump. Aunque estos mecanismos permitieron contener el valor del dólar, también consolidaron un modelo sustentado en un dólar artificialmente bajo y con impactos negativos sobre la producción industrial, el empleo y las economías regionales.
En este contexto, la cartera de Capital Humano difundió un comunicado en el que se atribuye la falta de creación de empleo a las leyes laborales vigentes, justificando así la necesidad de avanzar en una nueva reforma. Según se anticipa, el proyecto podría ser tratado durante el receso de verano, entre diciembre y enero, con el objetivo de introducir cambios que flexibilicen el mercado laboral.
Sin embargo, los datos oficiales muestran una caída superior a los 200.000 puestos de trabajo registrados desde el inicio del actual gobierno. A pesar de que algunos sectores, como la minería y el desarrollo de software, exhiben crecimiento, se trata de actividades que generan poco empleo directo. La expansión económica, por tanto, se concentra en rubros primarios y extractivos, sin impacto positivo en la creación de trabajo estable ni en la mejora del poder adquisitivo de la población.
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