La ciudad de La Plata transitó una semana cargada de movimientos políticos y definiciones clave dentro del Concejo Deliberante, donde avanzaron proyectos centrales para el cierre del año legislativo y se profundizó la discusión en torno al nuevo Código de Ordenamiento Urbano Territorial, uno de los debates más sensibles para el futuro de la planificación local.
Por un lado, el Presupuesto 2026 avanza sin sobresaltos. El expediente que fija gastos por 462 mil millones de pesos para el año próximo ya obtuvo despacho de comisión y será incorporado como orden del día en la próxima sesión del 27 de noviembre.
La aprobación se prevé sin mayores dificultades: el oficialismo de Fuerza Patria contará con acompañamiento de sectores de la oposición tradicional, mientras que la Libertad Avanza se mantuvo al margen del acuerdo pero no anticipó objeciones de peso.
La Ordenanza Impositiva, tratada en paralelo, fijará incrementos de tasas municipales en torno al 30%, con una proyección inflacionaria similar para 2026. Aunque podría haber ajustes puntuales, ninguno de los bloques imagina un incremento por encima de ese nivel.
De todos modos, la discusión más compleja de la semana pasó por el Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COU), cuyo tratamiento avanza con fuertes cuestionamientos de asambleas de vecinos de zonas inundables y grupos técnicos que desde hace años trabajan sobre el mapa hídrico de la ciudad.
El oficialismo aceleró el debate para aprobar la reforma este año, lo que abrió críticas por incumplir plazos de participación ciudadana previstos por ordenanza. Las asambleas de inundados denuncian que no fueron convocadas y señalan que el proceso se inició sin la consulta pública obligatoria de entre 90 y 120 días previos.
Mientras tanto, los bloques opositores, incluida la Libertad Avanza, que sumó mayor estructura técnica, analizan el texto con ingenieros, arquitectos y especialistas urbanos propios. La revisión continuará la semana próxima, ya con observaciones puntuales sobre densificación, infraestructura y riesgo hídrico.
El reclamo vecinal se centra en evitar la repetición de errores del pasado: autorizaciones exprés, habilitaciones irregulares, fraccionamientos sin servicios adecuados y desarrollos inmobiliarios sobre zonas de humedales. Las asambleas advierten que el impacto de la lluvia extraordinaria de 2013 debería funcionar como límite estructural para cualquier modificación del COU.
El rol del Ejecutivo y el antecedente Garro
La gestión de Julio Alak reivindica haber frenado unas 400 obras con permisos otorgados durante el gobierno anterior. Sin embargo, vecinos y técnicos alertan que el nuevo código puede reabrir la puerta a excepciones y emprendimientos de alto impacto si no incorpora restricciones claras y una planificación de largo plazo.
El malestar también se sostiene en un antecedente reciente; en 2018, la aprobación exprés de desarrollos inmobiliarios durante la gestión de Julio Garro terminó derivando en un crecimiento desigual y zonas saturadas de servicios básicos.
El cementerio, a un paso de convertirse en ente autárquico
Otro expediente que avanzó en la comisión legislativa es la transformación del cementerio local en un ente autárquico.
El proyecto busca que el predio, considerado patrimonio histórico y arquitectónico, pueda generar y administrar recursos propios para mantenimiento, conservación y actividades turísticas, similar al funcionamiento del EMATUR.
La propuesta surge tras años de abandono estructural, con imágenes que expusieron fallas graves en la gestión anterior. El objetivo del expediente es garantizar financiamiento estable y sostenido para preservar un espacio emblemático de la ciudad.
Jury contra la jueza Makintach etapa final
En paralelo, avanzó el jury contra la jueza Julieta Makintach, imputada por irregularidades graves en el expediente vinculado a la muerte de Diego Maradona.
Tras la ronda de testimonios, pruebas y alegatos, la Procuraduría bonaerense solicitó su destitución, mientras que la defensa intentó desligarla del caso argumentando persecución y complot.
El martes 18 será el día clave; el jurado de enjuiciamiento definirá su continuidad o separación definitiva del cargo. De confirmarse la destitución, todo lo actuado en la causa quedará anulado y deberá reconstruirse desde cero, con impacto directo en la investigación que se reactivaría recién en 2026.