El anuncio de un marco preliminar para un acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y Argentina, difundido el 13 de noviembre por la Casa Blanca, desató una inmediata polémica en ámbitos políticos, industriales y académicos. El documento, titulado “Joint Statement on Framework for a United States-Argentina Agreement onReciprocal Trade and Investment”, fija lineamientos para una futura negociación bilateral, pero según especialistas consultados, presenta una serie de desequilibrios que colocan a la Argentina en una posición marcadamente desventajosa.
Aunque se trata apenas de un acuerdo “marco” —es decir, un documento inicial que guía posibles discusiones futuras— su contenido permite extraer conclusiones preocupantes. La primera de ellas es la asimetría profunda del esquema: mientras la Argentina asume compromisos concretos y detallados, el texto estadounidense no explicita concesiones equivalentes por parte de Washington. Así, lo que se presenta nominalmente como un acuerdo de “concesiones recíprocas” se convierte, en la práctica, en un listado de obligaciones para el país sudamericano.
Entre los compromisos requeridos a la Argentina figuran la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, concesiones en materia de propiedad intelectual, apertura del mercado agrícola y modificaciones en regulaciones laborales y de empresas públicas. En contraste, el documento no enumera beneficios específicos que Estados Unidos otorgaría a exportadores o inversores argentinos.
La comunicación oficial argentina, difundida brevemente en la red X por la Oficina del Presidente, describió el anuncio como un paso positivo hacia la integración internacional y la atracción de inversiones. Sin embargo, esas afirmaciones no encuentran correlato en la publicación estadounidense, lo que alimenta la confusión y las críticas por la falta de transparencia.
Impacto sobre sectores productivos
Argentina y Estados Unidos compiten directamente en sectores clave —como el agrícola— y presentan fuertes diferencias de productividad en la industria. Pese a ello, el marco del acuerdo fue elaborado sin estudios sectoriales ni consultas a cámaras empresarias, según denuncian actores del sector. La apertura del mercado argentino a bienes de capital, automóviles, medicamentos y productos industriales norteamericanos podría tener un impacto significativo sobre la estructura productiva local.
Un punto llamativo es que el documento para Argentina es muy similar al utilizado para países como El Salvador, Guatemala o Ecuador, economías de menor grado de industrialización. Para especialistas, esta homogeneización ignora la complejidad del tejido industrial argentino.
Críticas por posible pérdida de soberanía
Otro eje de preocupación es la cesión de soberanía regulatoria. El marco propone que Argentina adopte estándares estadounidenses en áreas sensibles como farmacéutica, alimentaria, laboral y ambiental. Para analistas del comercio internacional, esto significaría subordinar normas nacionales a estándares extranjeros, algo inusual incluso en acuerdos multilaterales: “ningún país renuncia a la capacidad de definir sus propias regulaciones”, señalan.
El texto además aparece vinculado a la ayuda financiera otorgada vía swap de monedas entre el Banco Central y el Tesoro estadounidense, anunciada el 20 de octubre de 2025. Según especialistas, Argentina ingresaría así de lleno en la lógica de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, funcionando como mercado de absorción para productos estadounidenses y con posibles restricciones para acuerdos con “economías no mercantiles” —una expresión habitualmente utilizada para referirse a China.
Disputa sobre el tipo de cambio
Otro aspecto subrayado por economistas es que el eventual acuerdo condicionaría la política cambiaria argentina. Para garantizar la entrada de productos estadounidenses en condiciones competitivas, se requeriría un tipo de cambio bajo, en tensión con la posición del FMI, que impulsa mayor acumulación de reservas y, por ende, un dólar más alto. Este contrapunto vuelve a colocar la discusión cambiaria en el centro del debate político.
Implicancias constitucionales
El posible acuerdo también abre interrogantes jurídicos. Su alcance involucra atribuciones que la Constitución reserva al Congreso de la Nación, como legislar en materia aduanera, regular el comercio exterior y aprobar tratados. De avanzar en los términos planteados, el Congreso debería no solo aprobar el acuerdo, sino también renunciar a facultades soberanas futuras en favor de normas y estándares estadounidenses. Incluso las provincias, titulares de los recursos naturales, podrían ver afectadas sus competencias.
Pedido de explicaciones
Ante la magnitud de los compromisos implicados, especialistas reclaman que el Poder Ejecutivo publique de manera completa los detalles del marco de acuerdo, explique sus fundamentos y justifique la necesidad de ceder regulaciones y estándares nacionales a favor de disposiciones extranjeras.
Mientras tanto, el anuncio abre un debate profundo sobre el rumbo comercial de la Argentina, la relación estratégica con Estados Unidos y el impacto que estas decisiones pueden tener sobre el empleo, la producción y la autonomía regulatoria del país.