La salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la designación del jefe del Ejército, Carlos Presti, para ocupar su lugar abrió un debate urgente sobre los límites institucionales del Gobierno nacional. Para el especialista en seguridad y defensa Roberto López, la decisión representa “una ruptura del pacto democrático” establecido desde 1983 para garantizar la conducción civil de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, López fue contundente: “Nunca en democracia un jefe del Ejército pasó a ser ministro sin retirarse antes; es una línea que no se cruza, porque rompe la subordinación militar al poder político”.
Según su análisis el impacto de la medida no es sólo simbólico, sino también operativo, porque “el ministro de Defensa es quien evalúa ascensos y retiros, pero acá la misma persona que está dentro de la línea de mando va a decidir sobre su propia fuerza. Es un conflicto de intereses gigantesco”.
La preocupación del especialista alcanza la trayectoria del nuevo ministro, teniendo en cuenta que el padre de Presti estuvo en un regimiento involucrado directamente en la dictadura, y en ese caso “no se puede hacer como si ese dato no importara”. Para López, el Gobierno “subestima deliberadamente el peso histórico” de ciertas decisiones y “no dimensiona que cada señal institucional repercute en la salud democrática”.
El reemplazo de Petri tampoco fue un movimiento neutro dentro de la alianza gobernante, porque “Petri tenía un candidato propio para sucederlo; que lo desplacen así muestra que hay un grupo muy chico tomando decisiones, con criterios más ideológicos que profesionales”. Y agregó: “Esto también tiene que ver con la compra de los F-16. Hay intereses internacionales muy claros que juegan fuerte”.
Por otro lado, habló de la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y la llegada de Silvia Monteoliva, y seguró que “Monteoliva garantiza continuidad; es parte del mismo esquema doctrinario. Ahí no va a cambiar nada”.
Dicho esto, el especialista aprovechó para describir un patrón que, a su entender, atraviesa a toda la gestión nacional: “El problema de fondo es que el Gobierno cree que está por encima de la ley, no cumplen con normas que están vigentes, no respetan procedimientos, improvisan. Y cuando se trata de defensa, esa lógica es mucho más peligrosa”.
En definitiva, lo que se está poniendo en juego es “la arquitectura democrática construida en estos 40 años. No es un tema de rosca interna ni de nombres, es el respeto a una regla básica que permitió que las Fuerzas Armadas no volvieran a tener peso político. Romper eso es volver a abrir una puerta que Argentina cerró hace décadas”.
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