La discusión económica vuelve a girar alrededor del endeudamiento externo, en un escenario donde varias provincias ya retomaron la salida a los mercados internacionales, el equipo económico nacional avanza en la misma dirección; la baja del riesgo país y cierta estabilidad cambiaria posterior a las elecciones habilitaron esta expectativa, que el Gobierno considera clave para sostener el programa en marcha.
En ese marco, el Ministerio de Economía prepara nuevas emisiones de deuda, con la idea de colocar bonos en enero para cubrir vencimientos inmediatos y continuar durante el año con operaciones similares. El planteo oficial asume que el esquema vigente sólo puede sostenerse con financiamiento externo, replicando la lógica ya conocida del período 2016-2018.
La señal política acompañó ese rumbo; una nueva iniciativa legislativa apunta a facilitar el endeudamiento externo, al mismo tiempo que el ministro insiste en “normalizar” el sistema financiero. Entre esas medidas reapareció la intención de impulsar un nuevo blanqueo para que los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema ingresen a los bancos locales. Se trata de una apuesta repetida por todos los gobiernos, que buscan engrosar reservas con fondos que siguen guardados por desconfianza estructural.
Pero las críticas vuelven a concentrarse en la contradicción de pedir confianza mientras buena parte del patrimonio de los funcionarios permanece en el exterior; y esa distancia entre el discurso oficial y las prácticas personales alimenta la idea de un esfuerzo distribuido de manera desigual, como si todos los ciudadanos tuvieran la misma capacidad de ahorro que los sectores más acomodados, principales protagonistas de la fuga de capitales.
En paralelo, el deterioro del salario mínimo profundiza la fragilidad social. La última actualización lo ubicó en 334.800 pesos, una cifra que queda muy lejos del costo de vida porque se calcula que se necesita al menos un millón y medio de pesos para no caer bajo la línea de pobreza. La decisión de desvincular el salario mínimo como referencia de política económica fue una de las primeras medidas del gobierno, debilitando un instrumento que históricamente ordenaba la relación entre capital y trabajo y funcionaba como guía para sectores informales, planes sociales y seguros de desempleo.
El nivel actual del salario mínimo es menos de la mitad del valor que tenía en 2015 en términos reales. De haberse mantenido aquella proporción, hoy debería ubicarse cerca de los 800.000 o 900.000 pesos, lo que permitiría acercarse a un piso más acorde con los ingresos que efectivamente circulan en el mercado laboral.
El cuadro general muestra un país que regresa a un modelo económico ya transitado con endeudamiento para sostener la estabilidad de corto plazo, salarios por detrás de la inflación y una estructura financiera que vuelve a depender de dólares externos. La persistencia de estos mecanismos, más que una novedad, confirma el retorno de una matriz cuyo costo social la Argentina ya conoce demasiado bien.