Luego de una semana de intensas negociaciones políticas en la Legislatura bonaerense, donde el Gobierno provincial logró la aprobación del Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y la autorización para tomar deuda por hasta 3.000 millones de dólares, un nuevo obstáculo surgió en el plano nacional, la autorización del Ejecutivo para que la Provincia pueda efectivamente emitir letras y bonos.
Aunque esta segunda instancia suele ser un trámite administrativo previsto para todas las jurisdicciones que buscan financiarse, desde el gobierno bonaerense anticipan que el aval podría demorarse o incluso trabarse, en un contexto de tensión política con la Casa Rosada. Según la información brindada desde el Ejecutivo provincial, el Gobierno Nacional estaría utilizando estas autorizaciones como mecanismo de negociación con las provincias para obtener apoyos legislativos en el Congreso.
El Ejecutivo nacional debe verificar que la nueva deuda no supere el límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija un máximo del 15% entre servicios de deuda y gastos corrientes netos. La Provincia asegura que se encuentra ampliamente por debajo del tope, con un coeficiente del 7%, lo que en condiciones normales habilitaría la aprobación automática del financiamiento. Sin embargo, se prevé que el Gobierno nacional podría demorar la firma por motivos políticos, lo que abriría la posibilidad de un conflicto judicial.
Desde el Gobierno bonaerense explican que los fondos solicitados no están destinados a gastos corrientes, sino a cubrir vencimientos de capital e intereses de deuda heredada de la gestión de María Eugenia Vidal y a recuperar pagos realizados durante el último trimestre del año, cuando la Provincia no contaba aún con el endeudamiento autorizado. Del total solicitado, unos 2.500 millones se destinan a obligaciones que vencen el próximo año y unos 500 millones a recomponer recursos ya utilizados para cubrir vencimientos inmediatos.
El posible freno del Gobierno Nacional se inscribe en un marco de creciente tensión política y financiera; la Provincia sostiene que la Nación mantiene deudas significativas en materia de transferencias y fondos atrasados, lo que agrava la situación fiscal bonaerense. Además, alertan que condicionar la autorización de endeudamiento a negociaciones políticas vulnera la autonomía provincial y desconoce la voluntad expresada por la Legislatura.
En paralelo, el Gobierno bonaerense también aclaró aspectos vinculados al acuerdo alcanzado con la oposición para la aprobación del paquete fiscal. En ese entendimiento se amplió de 9 a 14 el número de cargos en el Banco Provincia, aunque sin aumentar el presupuesto destinado a esos puestos, que se repartirá entre más miembros. También se acordaron fondos específicos para los municipios, uno de los puntos centrales del debate legislativo.
La incertidumbre sobre la decisión del Ministerio de Economía nacional, encabezado por Luis Caputo, mantiene en vilo al Ejecutivo provincial, que considera que la demora podría derivar en una presentación judicial. Aunque por el momento el pedido formal de autorización aún no ingresó, en la Provincia dan por hecho que el trámite no será inmediato y anticipan un escenario de conflicto institucional.
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