A veintiún meses de iniciada la gestión de Javier Milei, el mercado de trabajo formal ofrece una radiografía contundente del rumbo económico adoptado. Lejos de la promesa de “liberar fuerzas productivas”, los datos oficiales relevados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y analizados por el CEPA muestran un proceso sostenido de destrucción de empleo, cierre de empresas y retracción del entramado productivo, con impactos directos sobre trabajadoras y trabajadores y sobre la vida económica de pueblos y ciudades.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 desaparecieron 20.134 empleadores: un promedio de 30 cierres por día. No se trata de un fenómeno aislado ni de un reacomodamiento virtuoso, sino de una sangría que golpea con mayor dureza a las pequeñas y medianas empresas, responsables del 99,6% de los cierres. Talleres, comercios, fábricas y prestadores de servicios que no resistieron la combinación de apertura importadora, caída del consumo interno, tasas de interés prohibitivas y ausencia de políticas de protección y estímulo.
El sector de transporte y almacenamiento aparece como el más castigado, tanto en términos absolutos como relativos, con una pérdida del 12,3% de sus empleadores. La explicación no es misteriosa: menos actividad productiva y menos consumo implican menos mercadería en movimiento, menos logística, menos trabajo. La economía real acusa el golpe de un programa que privilegia la valorización financiera y la desregulación a cualquier costo.
La contracara de los cierres es el despido masivo. En el período analizado se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados, más de 419 por día. La Administración Pública encabeza la nómina en términos absolutos, con 88.342 empleos menos, en línea con la política deliberada de achicamiento del Estado. Pero en términos relativos, la construcción es el sector más devastado: una caída del 16,2%, consecuencia directa del freno a la obra pública y del derrumbe de la inversión.
El discurso oficial suele señalar a las pymes como supuestas beneficiarias del “orden macroeconómico”. Los datos desmienten esa narrativa: son ellas las que cierran. Y, al mismo tiempo, el ajuste también recae con fuerza sobre las grandes empresas, que concentran casi el 70% de la pérdida de empleo registrado. El resultado es un mercado laboral más chico, más frágil y con menor capacidad de absorber mano de obra.
La apertura indiscriminada de importaciones, presentada como un mecanismo para disciplinar precios, terminó disciplinando al trabajo. Productos extranjeros compitiendo con producción local sin ningún tipo de resguardo arrasaron con industrias que no tuvieron tiempo ni herramientas para reconvertirse. A eso se suma la caída del salario real y del consumo, que vació comercios y redujo turnos en fábricas. Sin demanda, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo.
Lo que emerge de este informe no es una foto coyuntural sino una tendencia. El “sinceramiento” de la economía se tradujo en una transferencia de costos hacia los sectores que viven de su trabajo y hacia el entramado productivo nacional. El ajuste no fue neutro ni inevitable: tuvo ganadores y perdedores claramente identificables.
La pregunta que queda abierta es política y social. ¿Puede un país sostener un proyecto que destruye empresas, expulsa trabajadores y debilita su capacidad productiva? ¿Qué tipo de desarrollo es posible cuando el mercado interno se achica y el trabajo se convierte en variable de ajuste? Los números del CEPA no son una opinión: son la evidencia de que, detrás del dogma, hay consecuencias nefastas que ya se sienten en la calle, en las fábricas cerradas y en los hogares donde el empleo dejó de ser una certeza.
