La propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, analizada en detalle por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), plantea un cambio estructural en el régimen de relaciones laborales que rige en el país y supone, en los hechos, una profunda pérdida de derechos para las y los trabajadores. Lejos de presentarse como una modernización equilibrada, el proyecto avanza sobre pilares históricos del derecho laboral argentino y redefine el vínculo entre capital y trabajo en favor de los empleadores, trasladando riesgos, costos y responsabilidades hacia quienes viven de su salario.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la flexibilización extrema de las condiciones de trabajo. Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones mediante acuerdos individuales, en un contexto de negociación claramente asimétrico, y se introduce el llamado “banco de horas”, que permite extender la jornada laboral sin el pago de horas extras. Bajo este esquema, el empleador puede administrar discrecionalmente la duración diaria del trabajo, diluyendo el concepto de jornada fija y afectando la previsibilidad de la vida cotidiana de los trabajadores. Paradójicamente, Argentina ya cuenta con una de las jornadas legales más extensas del mundo —48 horas semanales—, mientras que la Organización Internacional del Trabajo recomienda avanzar hacia esquemas de 40 horas, como ocurre en buena parte de Europa occidental.
La reforma también introduce cambios regresivos en materia salarial y de protección frente a contingencias. Se habilita la reducción del salario cuando, luego de una enfermedad o accidente laboral, el trabajador no puede retomar sus tareas habituales, rompiendo con el principio de indemnidad salarial. A su vez, se licúan las indemnizaciones por despido al excluir del cálculo componentes centrales del salario como el aguinaldo, las horas extras, las comisiones o los premios, y se reemplaza la reparación integral por un Fondo de Asistencia Laboral financiado, en gran parte, con recursos del sistema previsional. Este mecanismo abarata el despido y traslada fondos del sistema jubilatorio al financiamiento de desvinculaciones, debilitando la seguridad social.
Otro aspecto clave es la exclusión explícita de amplios sectores del mundo laboral. Los trabajadores de plataformas digitales —repartidores y conductores— quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y son definidos como prestadores independientes, sin salario mínimo, aportes jubilatorios, vacaciones ni cobertura adecuada por accidentes. La reforma no sólo consolida esta exclusión, sino que legaliza el uso del monotributo y de figuras de “colaboradores” para encubrir relaciones laborales dependientes, facilitando la precarización y la fragmentación del empleo formal.
En el plano colectivo, el proyecto avanza sobre la estructura sindical y la negociación colectiva. Se debilita la ultraactividad de los convenios, se modifica el orden de prelación favoreciendo acuerdos de empresa por sobre convenios sectoriales y se limitan los recursos y la capacidad de acción de los sindicatos. A esto se suma una ampliación del concepto de “servicios esenciales”, que restringe de manera significativa el derecho a huelga, uno de los instrumentos fundamentales de defensa de los trabajadores reconocidos por los convenios internacionales de la OIT.
Comparada con otros sistemas laborales del mundo, la orientación de la reforma argentina se acerca más a modelos de alta informalidad y baja protección, como el caso de Perú —frecuentemente citado por funcionarios del actual gobierno—, donde más del 70% del empleo es informal y la sindicalización es marginal. En contraste, los países con mejores indicadores de productividad, cohesión social y calidad de vida combinan mercados laborales dinámicos con fuertes sistemas de protección, negociación colectiva centralizada y jornadas más reducidas, como ocurre en Alemania, Francia o los países nórdicos.
En síntesis, la reforma laboral en debate no apunta a generar empleo de calidad ni a mejorar la competitividad a partir de la innovación y el valor agregado, sino a reconfigurar el mercado de trabajo mediante la reducción de derechos, la fragmentación de la representación colectiva y la transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital. Un giro que, lejos de ser novedoso, retoma experiencias ya conocidas en la Argentina y en la región, cuyos resultados fueron más precarización, desigualdad y debilitamiento del entramado social.