El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo argentino y consolida un giro regresivo sin precedentes en materia de educación, universidades y ciencia y tecnología. Así lo advierte un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza los principales números del presupuesto proyectado y los compara con lo efectivamente ejecutado en 2023.
Uno de los datos más alarmantes es el recorte histórico al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que sufrirá una caída real del 93% en 2026 respecto de lo ejecutado en 2023. Este fondo, creado por ley para garantizar el financiamiento de las escuelas técnicas, resulta clave para la formación profesional, la vinculación con el mundo del trabajo y el desarrollo productivo del país.
Lejos de tratarse de un incumplimiento coyuntural, el informe señala un vaciamiento deliberado del FoNETP. Aunque el fondo sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó apenas el 10,8% de los recursos que correspondían en 2025 y proyecta ejecutar solo el 3,5% en 2026. En los hechos, el mecanismo que asegura el financiamiento de la educación técnica queda prácticamente eliminado.
El ajuste no se limita a la ejecución presupuestaria. El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 avanza aún más: propone directamente derogar pilares centrales del sistema educativo y científico. Entre ellos, el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, la garantía legal de inversión educativa equivalente al 6% del PBI y la meta de destinar el 1% del PBI a ciencia y tecnología. Se trata de un retroceso estructural que compromete el desarrollo a mediano y largo plazo.
En términos generales, la Función Educación y Cultura registra una caída real del 47,3% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Este ajuste impacta de lleno en todos los niveles del sistema educativo y golpea especialmente a las universidades nacionales, cuyo presupuesto presenta una reducción real del 33,8%.
La situación universitaria se ve agravada por un hecho de extrema gravedad institucional. En octubre de 2025, el Poder Ejecutivo suspendió por decreto la ejecución de la ley de financiamiento universitario ya promulgada, una decisión que especialistas califican como abiertamente inconstitucional y contraria al principio de división de poderes.
El recorte también alcanza a los estudiantes. Las becas y transferencias estudiantiles acumulan una caída real del 76,6% entre 2023 y la proyección para 2026, limitando el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente entre los sectores de menores ingresos.
Por último, el área de Ciencia, Tecnología e Innovación no escapa al ajuste. El presupuesto destinado a este sector clave para el desarrollo nacional se reduce un 48,8% en términos reales respecto de 2023, debilitando la investigación científica, la innovación y la soberanía tecnológica.
En conjunto, los datos del Presupuesto 2026 configuran un escenario de desfinanciamiento profundo y sistemático del sistema educativo, universitario y científico. Lejos de promover el desarrollo, el proyecto consolida una política de achicamiento del Estado que compromete la formación, el conocimiento y las oportunidades de las próximas generaciones.