A casi dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, las estadísticas oficiales vuelven a quedar en el centro de la controversia. Distintos indicadores publicados por el INDEC muestran resultados que, lejos de reflejar una mejora consistente de la economía real, presentan problemas metodológicos, rupturas de comparabilidad y decisiones técnicas poco transparentes que ponen en cuestión su confiabilidad.
Uno de los casos más llamativos es el del salario no registrado, que según datos oficiales creció un 27,2% real entre la asunción del nuevo gobierno y mayo de 2025. El dato contrasta de manera abrupta con la evolución del resto de los ingresos laborales y del empleo, generando fuertes sospechas. Especialistas señalan que este resultado está fuertemente influido por cambios en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mejoraron la captación de ingresos no laborales —como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas o programas educativos— sin que el INDEC haya explicitado cómo estos cambios afectan la comparabilidad histórica. Esta modificación no solo distorsiona la medición de ingresos, sino que impacta de lleno en los cálculos de pobreza.
Las estadísticas de inflación tampoco están exentas de cuestionamientos. El INDEC continúa utilizando ponderadores de consumo desactualizados, pese a contar desde hace años con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18) y a los fuertes aumentos tarifarios aplicados al inicio de la actual administración. Con una estructura de ponderadores actualizada, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría sido de 288,2%, frente al 249,5% informado oficialmente. La diferencia —casi 39 puntos porcentuales— se concentra en rubros clave como Vivienda y Transporte, especialmente en los primeros meses de 2024. La relevancia de esta subestimación fue señalada incluso por el Fondo Monetario Internacional, que reclamó formalmente una actualización metodológica.
En el caso de la pobreza por ingresos, los problemas se profundizan. La Canasta Básica Total subestima el peso de los servicios públicos y el transporte, mientras que la Canasta Básica Alimentaria explica hoy el 45% de la CBT, un valor inusualmente alto respecto de encuestas previas. Al mismo tiempo, los cambios en la EPH elevan el ingreso promedio medido sin que existan mejoras reales en las condiciones de vida. El resultado es una medición de pobreza que pierde consistencia histórica y credibilidad.
Otro foco de preocupación es el desmantelamiento de estadísticas clave del sector turístico. Durante la actual gestión se discontinuaron la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera, tras la decisión de la Secretaría de Turismo de no renovar su financiamiento, a lo que se sumó la baja de la encuesta de turismo interno en 2024. Esto ocurre en un contexto especialmente adverso: caída del 5,9% en la llegada de turistas extranjeros, aumento del 10,8% en los viajes al exterior y un déficit turístico de USD 365 millones solo en octubre. Desde la asunción del gobierno, además, se perdieron 450 empresas hoteleras y más de 7.200 empleos registrados.
Finalmente, la medición de la actividad económica también despierta sospechas. En septiembre de 2025, el INDEC aplicó revisiones inusualmente grandes en la serie desestacionalizada del EMAE. El crecimiento informado se explicó casi exclusivamente por la Intermediación Financiera —un sector cuyo cálculo tiende a sobredimensionarse en contextos de volatilidad cambiaria— y por el fuerte aporte de Impuestos netos de subsidios, que alcanzaron una incidencia récord del 23,1%. Esta combinación permitió sostener la narrativa oficial de que no hubo recesión. Sin embargo, al excluir estos componentes, el nivel de actividad se ubica prácticamente en los mismos valores que en noviembre de 2023.
En conjunto, estos elementos configuran un escenario preocupante: estadísticas clave que pierden transparencia, comparabilidad y capacidad de reflejar la realidad económica, justo cuando más necesarias resultan para el debate público y la toma de decisiones. Las dudas sobre el INDEC no remiten solo a cifras aisladas, sino a un problema más profundo de credibilidad institucional.