El reciente secuestro del presidente de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump no es solo un atentado contra el derecho internacional, sino una maniobra que delata la profunda debilidad de una potencia que ha perdido la brújula estratégica. Al ejecutar una operación de captura forzosa contra un jefe de Estado en ejercicio, Washington dinamita la inmunidad soberana, un principio que no es un privilegio personal, sino el cimiento que evita que la arena global se convierta en una selva donde impera el garrote del más fuerte.
Esta normalización de la violencia política bajo la excusa de “defender la democracia” es una contradicción insalvable: no se puede rescatar el orden democrático mediante el rapto y el pisoteo de los tratados que sostienen la convivencia entre naciones. Mientras Trump se arroga el derecho de actuar como juez y verdugo en el Caribe, su administración desnuda una doble moral hiriente al proteger activamente a aliados como el premier israelí, Benjamin Netanyahu, ignorando las órdenes de captura internacional de la Corte Penal Internacional por crímenes documentados. Esta justicia selectiva confirma que el “estado de derecho” para la Casa Blanca es simplemente una herramienta geopolítica desechable.
Sin embargo, esta exhibición de fuerza bruta en el frente externo es, en realidad, una cortina de humo para ocultar una decadencia interna que el votante estadounidense ya no puede ignorar. Mientras el gobierno se pierde en matoneadas globales, el tejido social de Estados Unidos se desgarra bajo el peso de una crisis de opioides y fentanilo que mata a cientos de ciudadanos cada día sin encontrar una respuesta sanitaria a la altura. La insistencia de Trump en inmiscuirse en conflictos ajenos, dilapidando recursos en invasiones y presiones diplomáticas, contrasta dolorosamente con la incapacidad de su gestión para resolver la precariedad económica, el alto costo de vida y el abandono de la infraestructura nacional. El ciudadano medio ve cómo sus impuestos financian operaciones militares cuestionables mientras sus necesidades más básicas —salud, educación y vivienda— quedan relegadas al olvido.
El desgaste de imagen de Trump tiene un impacto crítico y cuantitativo en un sector decisivo: el voto latino. Lejos de la percepción de unidad que el discurso oficial pretende proyectar, una parte mayoritaria de la comunidad hispana en Estados Unidos observa con creciente rechazo el intervencionismo desmedido en la región. El votante latino, que sufre en primera línea la inflación y el deterioro de los servicios públicos, empieza a alejarse de un mandatario que prefiere invadir países vecinos que combatir las mafias que envenenan los barrios estadounidenses. La prepotencia de Trump, sumada a las mentiras esgrimidas sobre sus verdaderas motivaciones, ha generado un sentimiento de arrepentimiento y decepción en sectores que antes lo apoyaron. Para el hispano en EE. UU., la estabilidad de sus países de origen y la prosperidad de su hogar actual son prioridades que la política de “garrote” de Trump pone en serio peligro.
En un mundo donde potencias como China, India y Rusia avanzan a través de los BRICS, consolidando un bloque multipolar que desafía la hegemonía del dólar y ofrece alianzas basadas en la inversión y no en la bota militar, la estrategia de Trump parece un anacronismo desesperado. El aislamiento diplomático que genera este tipo de acciones no solo debilita la posición de Estados Unidos en el tablero global, sino que acelera el ascenso de alternativas que ya no necesitan el permiso de Washington para prosperar. Al final del día, las matoneadas de Trump en diversos rincones del globo no son señales de una potencia renovada, sino los estertores de un liderazgo que, al no poder dar respuestas a su propia gente, recurre a la violencia internacional para simular una relevancia que la historia y su propio electorado le están empezando a negar.