A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, los efectos de las políticas libertarias sobre la sociedad argentina comienzan a expresarse con crudeza en los indicadores del mercado de trabajo. Lejos de la promesa de crecimiento y dinamización económica, los datos oficiales muestran un proceso sostenido de destrucción del mercado interno, cierre de empresas y pérdida masiva de puestos de trabajo registrados, con consecuencias sociales de enorme magnitud.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revela un marcado retroceso en las principales variables laborales entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, es decir, durante los primeros 23 meses de la gestión Milei. El diagnóstico es contundente: menos empleadores, menos trabajo formal y un entramado productivo cada vez más debilitado.
En ese período, la cantidad de empleadores registrados se redujo en 21.046 casos, lo que equivale al cierre de unas 30 empresas por día. Detrás de esta cifra se esconde una dinámica profundamente regresiva: la contracción del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones, el encarecimiento del crédito y la caída del poder adquisitivo configuraron un escenario hostil para la producción nacional, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
El sector más afectado por la desaparición de empleadores fue el de “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 5.042 empresas en términos absolutos. En términos relativos, este mismo sector encabeza el ranking del deterioro, con una caída del 12,8% en la cantidad total de empleadores. Se trata de una señal clara del impacto del ajuste sobre actividades directamente vinculadas al movimiento de bienes, la logística y el comercio interno.
La destrucción del entramado empresario tuvo un correlato inmediato en el empleo. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que representa una caída del 2,77% del total. En promedio, se destruyeron 393 puestos de trabajo formales por día. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la pérdida de empleo se extendió a múltiples sectores de la economía.
La Administración Pública aparece como el sector con mayor pérdida absoluta de puestos de trabajo, con una reducción de 83.014 trabajadores, en línea con la política de ajuste y achicamiento del Estado impulsada por el gobierno nacional. En términos relativos, el sector más golpeado fue la construcción, con una caída del 15,6% del empleo registrado, reflejando el freno casi total de la obra pública y el derrumbe de una actividad históricamente clave para la generación de empleo.
El análisis por tamaño de empresa aporta otro dato central para comprender la dinámica del ajuste. El 99,63% de los empleadores que desaparecieron en estos 23 meses fueron empresas de hasta 500 trabajadores: 20.969 firmas menos. En contraste, las empresas de más de 500 trabajadores explican apenas el 0,37% de los cierres, con 77 casos. El ajuste, una vez más, golpea con mayor fuerza a las pymes, que son las principales generadoras de empleo y riqueza en la Argentina.
Sin embargo, al observar la pérdida de puestos de trabajo, el fenómeno adquiere una complejidad mayor. El 66,8% de la destrucción del empleo registrado —182.114 trabajadores— se concentró en empresas de más de 500 empleados, que redujeron su dotación de 4.782.973 a 4.600.859 trabajadores. Las empresas de hasta 500 trabajadores también ajustaron personal, aunque en menor medida: 90.493 puestos menos, lo que representa el 33,2% del total de la pérdida de empleo.
Este doble movimiento —cierre masivo de pymes y despidos significativos en grandes empresas— expone el impacto sistémico de un modelo económico que debilita tanto la base productiva como el empleo asalariado. La destrucción del mercado interno, provocada por la caída del salario real, el desplome del consumo y la retirada del Estado como dinamizador económico, termina afectando a todo el entramado productivo.
Las cifras del CEPA desmontan el relato oficial que atribuye la crisis laboral a “rigideces” del mercado de trabajo. Por el contrario, muestran que el problema central es macroeconómico y productivo: sin demanda, sin crédito y sin políticas de desarrollo, las empresas cierran y los puestos de trabajo desaparecen.
El saldo del experimento libertario es claro. Las políticas de ajuste extremo y desregulación no trajeron crecimiento ni inversiones sostenidas, pero sí dejaron un tendal de empresas cerradas y cientos de miles de trabajadores expulsados del empleo formal. El costo social de este modelo se paga en pérdida de derechos, precarización y un horizonte cada vez más incierto para amplios sectores de la sociedad argentina.