El Gobierno nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La confirmación estuvo a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien remarcó que los derechos fueron adquiridos mediante un acuerdo comercial y que “no serán afrontados con el dinero de los impuestos”.
El anuncio no tardó en generar repercusiones. En redes sociales, usuarios ironizaron sobre un posible regreso del Fútbol para Todos, el programa que durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner garantizó la transmisión gratuita del fútbol y fue duramente cuestionado —en su momento— por muchos de los actuales funcionarios del Ejecutivo.
Desde el Gobierno buscaron marcar distancia. Adorni insistió en que el esquema no implica gasto estatal y que se respeta el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que garantiza el acceso universal a eventos deportivos de interés relevante, como los partidos de la Selección Nacional.
Sin embargo, más allá de las aclaraciones formales, la decisión dejó al descubierto una contradicción política difícil de disimular. Durante años, dirigentes hoy encumbrados calificaron al Fútbol para Todos como un símbolo de despilfarro, uso político de los medios públicos y carga innecesaria para el Estado.
Hoy, la transmisión gratuita del evento deportivo más importante del mundo vuelve a recaer en los mismos canales estatales.
El Ejecutivo sostiene que la diferencia central está en el financiamiento y en la ausencia de recursos públicos. Pero el resultado práctico es similar: el Estado vuelve a garantizar el acceso libre y gratuito a los partidos de la Selección, un hecho que despierta interrogantes sobre la coherencia del discurso oficial y los límites entre convicciones ideológicas y conveniencia política.