La llegada a Ushuaia de un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos encendió interrogantes políticos e institucionales en Tierra del Fuego. La aeronave, que aterrizó el domingo, trasladó a una delegación bipartidaria del Congreso estadounidense, integrada por miembros del Comité de Energía y Comercio. Según la Embajada norteamericana, la agenda incluyó reuniones para abordar temas vinculados a minerales críticos, permisos mineros, gestión de residuos, investigación en salud pública y seguridad médica, además de recorridas por zonas estratégicas, entre ellas el Parque Nacional.
Pese a la relevancia del hecho, el Gobierno argentino no emitió ninguna comunicación oficial ni brindó explicaciones sobre quién autorizó el aterrizaje del avión militar ni bajo qué marco legal se desarrolló la visita. Al menos siete senadores estadounidenses recorrieron puntos sensibles de la provincia, en un contexto marcado por el valor geopolítico de Tierra del Fuego y su proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Desde el gobierno fueguino reclamaron respuestas. El secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossatto, sostuvo que es imprescindible conocer con precisión “quién autorizó el aterrizaje, bajo qué marco legal y con qué objetivos”, y advirtió que minimizar el hecho no alcanza frente a un episodio de estas características. El planteo expone la falta de información oficial y la preocupación institucional por decisiones tomadas sin transparencia.
Las críticas también llegaron desde el ámbito sindical y portuario. Ricardo Alonso, prosecretario de Relaciones Institucionales de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos, vinculó el arribo del avión con la intervención previa del puerto de Ushuaia y lo interpretó como parte de una estrategia de alineamiento geopolítico con Washington. En paralelo, el contexto se ve reforzado por un decreto del presidente Javier Milei que habilita a militares en actividad a cumplir funciones dentro del Ministerio de Defensa, una medida que, para los sectores críticos, profundiza un esquema de decisiones sensibles en materia de soberanía sin el debate público necesario.