La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén–Necochea presentó una propuesta integral que vuelve a poner en el centro del debate un tema estratégico para la economía argentina: el control estatal del comercio exterior de granos y la recuperación de las instalaciones portuarias que durante décadas estuvieron en manos de la ex Junta Nacional de Granos.
El planteo surge en un contexto de profunda crisis económica, escasez crónica de divisas, endeudamiento externo creciente y fuerte extranjerización de los sectores clave de la economía. Según datos citados por la Asamblea, entre 2019 y 2024 el complejo agroexportador aportó el 61% de los ingresos brutos de dólares y 92 de cada 100 dólares netos que quedaron en la economía nacional, consolidando un poder decisivo sobre el rumbo monetario y productivo del país.
Sin embargo, ese protagonismo no se tradujo en mejoras sociales: mientras las exportaciones de granos se triplicaron en las últimas décadas, los índices de pobreza crecieron en proporción similar, una contradicción que la organización considera inadmisible.
El caso Puerto Quequén y el rol de las multinacionales
Puerto Quequén cuenta con tres terminales exportadoras. Una de ellas, Terminal Quequén S.A., concentra actualmente cerca del 39,5% de las exportaciones del puerto y está integrada por un conglomerado de grandes actores internacionales como Bunge, Viterra, Cofco (holding estatal chino), además de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina.
La Asamblea denuncia que, desde la privatización impulsada en los años noventa, la operatoria portuaria quedó sometida a una lógica de rentabilidad privada que generó despidos masivos, incumplimientos de inversiones comprometidas, pago de cánones irrisorios, restricción del acceso a pymes exportadoras y prácticas que favorecen la evasión impositiva y la fuga de divisas.
Entre las irregularidades señaladas se destacan la subfacturación de exportaciones, el uso de precios de transferencia, la triangulación comercial entre filiales de una misma empresa y el retraso intencional de embarques para generar multas que luego se transforman en mecanismos de evasión fiscal.
Una Sociedad del Estado como empresa “testigo”
Frente a este panorama, la Asamblea propone constituir una Sociedad del Estado, amparada en la Ley 20.705, que recupere la administración de las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos y avance en la compra, acopio y exportación directa de granos y subproductos.
El objetivo central es crear una empresa pública “testigo” que permita transparentar volúmenes, calidades y precios de exportación, establecer referencias reales frente al accionar de las multinacionales y detectar maniobras de evasión y fuga de capitales.
De concretarse la propuesta, el Estado provincial podría controlar de manera directa casi el 40% de las exportaciones que salen por Puerto Quequén, generando un efecto disciplinador sobre el resto de los operadores privados y extendiendo la transparencia al conjunto del sistema portuario nacional.
Impacto productivo, laboral y estratégico
La iniciativa también apunta a recuperar el lucro cesante que el Estado dejó de percibir durante décadas por no ejercer el comercio exterior de granos, recursos que podrían destinarse a la generación de empleo, la reactivación de la industria naval, el fortalecimiento de una flota mercante estatal y el desarrollo de una política pesquera soberana en el Atlántico Sur.
Además, la administración estatal permitiría mejorar los precios que reciben pequeños y medianos productores, garantizar condiciones laborales equiparables o superiores a las actuales y reforzar los controles contra delitos complejos como el narcotráfico, que —según advierte la Asamblea— encuentra mayores facilidades cuando los muelles están completamente en manos privadas.
Un marco legal vigente y una decisión política pendiente
Uno de los puntos centrales del documento es que la recuperación de la terminal no requiere la sanción de nuevas leyes ni un esfuerzo financiero extraordinario. La Asamblea sostiene que el marco normativo vigente —tanto nacional como provincial— habilita a la Provincia de Buenos Aires a constituir una Sociedad del Estado y asumir la operatoria portuaria.
En ese sentido, remarcan que el verdadero obstáculo no es jurídico ni técnico, sino político. “No hay que crear ninguna ley, no hay que recurrir a las finanzas del Estado, no hay que depender de tecnologías que no poseamos. Solo se trata de una decisión política”, concluye el texto.
La propuesta vuelve a instalar un debate de fondo: quién controla los resortes estratégicos de la economía argentina y para qué intereses. En tiempos de crisis estructural, Puerto Quequén aparece como una oportunidad concreta para discutir soberanía, desarrollo y el rol del Estado frente a los monopolios que concentran la renta del comercio exterior.
El próximo jueves 5 de febrero, a las 18:00, se llevará a cabo un encuentro por la recuperación del Puerto de Quequén, la cual tendrá lugar en la Facultad de trabajo Social, de calle 9 y 63 de La Plata, Aula Magna. Allí se contará con la presencia de la Asamblea popular por la Soberanía del Puerto de Quequén y Ciclistas de los 500km por la soberanía nacional.