El Concejo Deliberante de Berisso vivió este miércoles su primera sesión extraordinaria del año en un clima de alta tensión política. El eje del debate fue el tratamiento de un expediente de repudio al anteproyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional, una iniciativa presentada por ATE Berisso que generó un rechazo mayoritario y dejó expuestas profundas diferencias entre los bloques.
La sesión puso en evidencia la distancia entre el oficialismo local y el bloque de La Libertad Avanza, pero también reavivó viejos cruces entre el peronismo y la Unión Cívica Radical respecto a la situación laboral dentro del propio municipio.
Durante la jornada se dispuso un cuarto intermedio en el que tomó la palabra Juan Jorajuría, secretario gremial de ATE Berisso, quien cuestionó el proyecto. El dirigente calificó la reforma como “regresiva” y aseguró que desde la asunción del presidente Javier Milei se produjeron más de 68.000 despidos en el Estado. “Ninguno de estos artículos garantiza derechos para los trabajadores”, advirtió ante los concejales.
Desde el bloque Unión por la Patria, el concejal Juan Mincarelli encabezó los cuestionamientos técnicos al anteproyecto y sostuvo que la iniciativa es inconstitucional. El edil apuntó especialmente contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al advertir que los aportes patronales podrían terminar en fondos de inversión. Según remarcó, la reforma colisiona de manera directa con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En contraposición, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Darío Luna, rechazó el expediente de repudio y cuestionó a los gremios por no acercarse a debatir con su espacio. “A este gobierno lo votaron los trabajadores, no los poderosos”, afirmó, al sostener que existe un fuerte descreimiento social hacia la dirigencia sindical y la política tradicional.
Por otro lado, aunque acompañó el rechazo a la reforma, el concejal Patricio Yalet (UCR-Amube) aprovechó su intervención para apuntar contra la gestión del intendente Fabián Cagliardi. Denunció que en el municipio persiste una “precarización absoluta”, con trabajadores contratados desde hace más de una década.
“Empecemos por casa”, lanzó el edil radical, quien reconoció la necesidad de una reforma laboral, pero cuestionó que la propuesta nacional no beneficia al trabajador.
En la misma línea crítica, la concejal Gimena Carvajal calificó la iniciativa como una “pseudo reforma económica” y la definió como “retrógrada”. Aseguró que el Gobierno Nacional “vino por los jubilados, los discapacitados y ahora por los trabajadores”, tras dos años de gestión.
Desde el bloque libertario, Daniela Rivero denunció presuntas situaciones de persecución política dentro del ámbito municipal. “Pidan la lista de todas las personas que fuimos relegadas por no pensar igual que el oficialismo”, expresó.
Por su parte, Maximiliano Fernández, de Juntos por el Cambio Federal, intentó una posición intermedia. Reconoció la necesidad de discutir una reforma sindical ante dirigentes “enquistados”, pero rechazó el anteproyecto nacional por considerarlo desequilibrado y propuso que el expediente quede en comisión para abrir una mesa de debate técnica a nivel local.
El repudio fue aprobado por mayoría, con los votos del bloque Fuerza Patria, Daniel Del Curto y la UCR Amube, mientras que los cinco ediles de La Libertad Avanza votaron en contra. En tanto, Maximiliano Fernández dio su voto para pasarlo a la comisión LIA.