Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en presentar el ajuste como una política inevitable de ordenamiento fiscal, los números de la ejecución presupuestaria revelan otra cosa: no se trata solo de achicar el Estado, sino de reordenar sus prioridades. Y en ese reordenamiento, educación, salud, ciencia, obra pública y políticas sociales aparecen como las grandes perdedoras, al tiempo que la inteligencia estatal y el pago de la deuda no solo se preservan, sino que se fortalecen.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en enero de 2026, muestra una caída real del 22% del gasto total respecto de enero de 2023. Es decir, el ajuste no es coyuntural ni reciente: es la consolidación de un proceso que viene profundizándose desde el inicio de la gestión libertaria y que ya empieza a mostrar sus consecuencias estructurales.
El golpe más duro recae sobre las políticas sociales. Programas que durante años funcionaron como redes básicas de contención directamente dejaron de ejecutarse. El Plan Nacional de Primera Infancia, Economía Social, comedores comunitarios y merenderos, junto con otros dispositivos de asistencia, registran caídas del 100%. No es una reducción: es la desaparición del Estado en esos territorios. En paralelo, la educación pública sufre un recorte real cercano al 42%, con programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente también reducidos a cero.
En el área de salud, el ajuste no es menos elocuente. La ejecución presupuestaria muestra caídas superiores al 35%, con desplomes casi totales en programas de prevención de enfermedades, acceso a medicamentos y atención sanitaria en el territorio. La motosierra no distingue entre políticas de largo plazo y urgencias inmediatas: recorta todo lo que no encaje en la lógica del equilibrio fiscal a cualquier costo.
La ciencia y la tecnología, históricamente relegadas en los momentos de crisis, vuelven a ser variables de ajuste. El CONICET, la CONAE, el Servicio Meteorológico Nacional y los programas de promoción de la investigación registran recortes que van del 20% al 76%, comprometiendo no solo proyectos en curso, sino capacidades estratégicas del Estado argentino. A contramano del discurso oficial sobre innovación y desarrollo, el presupuesto parece indicar que el conocimiento es prescindible.
La obra pública completa el cuadro. Rutas, puentes, infraestructura hidráulica, urbanización y transporte muestran caídas que oscilan entre el 75% y el 100%, dejando a provincias y municipios sin herramientas para sostener obras básicas. Incluso las transferencias federales se reducen drásticamente, con la eliminación total del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, profundizando las desigualdades territoriales.
Pero en medio de este paisaje de recortes generalizados, hay excepciones que llaman la atención. Una de ellas es la Secretaría de Inteligencia del Estado, que registra un incremento real del 69% respecto de 2023. Otra es el peso persistente del servicio de la deuda pública, que continúa absorbiendo una porción significativa del presupuesto, incluso en un contexto de ajuste extremo sobre el resto de las funciones del Estado.
El contraste es elocuente: menos recursos para educar, curar, investigar y producir; más fondos para inteligencia y para garantizar el cumplimiento de compromisos financieros. No se trata de un Estado más chico, sino de un Estado distinto, replegado en su dimensión social y expansivo en sus capacidades de control y disciplinamiento.
Desde una lectura política, el informe del CEPA deja en evidencia que el ajuste no es neutral ni meramente técnico. Es una decisión ideológica que redefine el rol del Estado en la sociedad argentina. Un Estado que se corre de la vida cotidiana de las mayorías, pero que refuerza aquellas áreas funcionales al orden financiero y al control interno, incluso en un contexto de deterioro social acelerado.
La pregunta que queda abierta no es solo cuánto más puede ajustarse, sino qué tipo de país se construye cuando el equilibrio fiscal se logra a costa del desmantelamiento de derechos básicos, mientras se expanden los engranajes menos transparentes del poder estatal. En los números del presupuesto, la respuesta empieza a hacerse visible.