El anuncio del cierre de la planta de FATE volvió a encender las alarmas en el sector industrial y reavivó las críticas a la política económica del presidente Javier Milei. Sin embargo, distintos relevamientos advierten que no se trata de un episodio aislado, sino de un fenómeno extendido que atraviesa a múltiples actividades productivas en todo el país.
Un informe que sistematiza casos de despidos, cierres, suspensiones, crisis empresarias, riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas registró al menos 717 situaciones de conflictividad laboral entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026. El sector industrial concentró el 62,1% de los conflictos, consolidándose como el más afectado en el actual contexto recesivo. La principal causa fueron los despidos, que explican el 63,6% de los casos, seguidos por los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).
Durante los primeros dos años de gestión, las pequeñas y medianas empresas resultaron especialmente perjudicadas, ya que las PYMES representaron el 39,1% de los casos relevados. Además, el 71,5% de los conflictos involucró a compañías de capital nacional, lo que refuerza el impacto sobre el entramado productivo local. En términos geográficos, la zona centro del país concentró el 48% de los episodios: la provincia de Buenos Aires encabezó la lista con el 25,8%, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,3%), confirmando que el núcleo industrial argentino es también el más expuesto al deterioro de la actividad.
El informe también analiza la evolución temporal de la conflictividad. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 por mes. Tras las elecciones del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, los conflictos se intensificaron: el promedio mensual ascendió a 42 casos y se acumularon 210 situaciones entre los comicios y febrero de 2026. Para sectores críticos del rumbo económico, estos números evidencian que el cierre de fábricas como FATE se inscribe en un proceso más amplio de retracción industrial, asociado a la caída del consumo, el encarecimiento de costos y la apertura importadora, con impacto directo en el empleo y la producción nacional.