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Preocupación por la libertad de prensa: ACERA pide revisar el operativo de seguridad en el Congreso

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La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su profunda preocupación por el comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional titulado “Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso”, en el que se establecen disposiciones para la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso durante los días 18, 19 y 20 de febrero. En un pronunciamiento fechado el 17 de febrero en Buenos Aires, la entidad —que cuenta con más de 40 años de trayectoria y representa a más de 90 periodistas de medios internacionales— cuestionó el contenido y el alcance de las medidas, al considerar que imponen limitaciones al desempeño profesional y pretenden deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los trabajadores de prensa en la vía pública.

La asociación sostuvo que cualquier restricción a la cobertura de manifestaciones, marchas o protestas no solo obstaculiza el derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna. En ese marco, recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y la Naciones Unidas han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a periodistas y trabajadores de prensa.

ACERA rechazó los términos del comunicado oficial al considerar que sus disposiciones generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística y trasladan a los propios reporteros la responsabilidad por su integridad física durante las coberturas, lo que —según señalaron— implica desentender al Estado de las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes le asignan. Finalmente, la entidad instó al Ministerio de Seguridad Nacional a reconsiderar las directrices difundidas y adecuarlas a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas, en un contexto de tensión política y social en torno a las manifestaciones previstas frente al Congreso.