En los últimos años, Mercado Libre se consolidó como una de las plataformas de comercio electrónico y servicios financieros más influyentes de América Latina. A través de su brazo fintech, Mercado Pago, la empresa ofrece préstamos completamente digitales a vendedores, trabajadores autónomos y usuarios en general con la promesa de dinero inmediato y sin papeleo.
Pero detrás de esa facilidad aparece una realidad económica mucho menos amigable: las tasas de interés que aplica pueden equivaler a más de 1.000 % anual en términos de Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA).
Según la propia documentación pública de la compañía, la tasa nominal anual puede alcanzar el 249 %, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el CFTEA — que incluyen intereses, comisiones y cargos administrativos — pueden escalar hasta alrededor del 1.375 % anual en determinados perfiles y plazos. En términos prácticos, esto implica que un préstamo de pequeña o mediana cuantía puede terminar costando varias veces el monto originalmente solicitado, especialmente si se extiende en cuotas.
Este dato no es anecdótico. Aunque las condiciones varían según el perfil crediticio y el comportamiento previo del usuario dentro de la plataforma, las tasas máximas disponibles superan ampliamente los niveles que históricamente se consideran altos, incluso en contextos de inflación elevada como el argentino.
La lógica algorítmica del crédito caro
El argumento corporativo es conocido: al no exigir garantías reales, recibos de sueldo ni trámites presenciales, y al basar la aprobación en modelos algorítmicos que analizan comportamiento de ventas y movimientos digitales, el riesgo asumido sería mayor que el de la banca tradicional. Esa mayor exposición justificaría tasas más elevadas.
Sin embargo, en un país donde el acceso al crédito formal es limitado y miles de pequeños emprendedores quedan fuera del circuito bancario, esta modalidad termina ofreciendo liquidez instantánea a cambio de un costo financiero extraordinario.
El mecanismo de cobro refuerza esa dependencia: las cuotas se debitan automáticamente de futuras ventas o del saldo disponible en la cuenta. Si el vendedor atraviesa una caída en la facturación, puede quedar atrapado en un descalce financiero que lo empuje a solicitar nuevos adelantos para cubrir obligaciones anteriores. El crédito deja de ser herramienta de crecimiento y se convierte en un circuito cerrado de endeudamiento dentro de la misma plataforma.
Marcos Galperin y el otro lado del balance
La empresa fue fundada y es conducida por Marcos Galperin, uno de los empresarios más ricos de América Latina. Desde 2019 mantiene su residencia fiscal en Uruguay, mientras la compañía continúa expandiendo sus operaciones en Argentina y el resto de la región.
En paralelo, Mercado Libre ha sido beneficiaria de importantes regímenes de promoción estatal. A través de la Ley de Economía del Conocimiento, la empresa accede a exenciones impositivas y créditos fiscales significativos, que en los últimos años representaron decenas de miles de millones de pesos en beneficios. Según reportes financieros presentados ante la SEC en Estados Unidos —donde la compañía cotiza desde 2007— estos incentivos forman parte de los programas oficiales que buscan estimular la inversión tecnológica y la generación de empleo calificado.
La magnitud de esos beneficios abre un interrogante político y económico. Mientras la empresa aplica tasas de financiamiento que pueden superar el 1.000 % anual, también recibe alivios fiscales del Estado argentino destinados a fomentar el desarrollo productivo.
La paradoja es evidente: usuarios y pequeños comerciantes afrontan costos financieros extraordinarios dentro de la plataforma, mientras la empresa obtiene ventajas tributarias orientadas a fortalecer su expansión.
El debate de fondo
La discusión excede el caso puntual y se inscribe en un debate más amplio:
¿Debe una fintech que otorga crédito masivo estar sujeta a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales?
¿Es suficiente la transparencia formal del CFTEA si el usuario promedio no dimensiona lo que implica una tasa superior al 1.000 % anual?
¿Puede hablarse de inclusión financiera cuando el costo del dinero multiplica varias veces el capital recibido?
¿Qué condiciones deberían exigirse a las empresas que, además de otorgar crédito caro, reciben incentivos fiscales del Estado?
Las cifras muestran una asimetría marcada entre la facilidad de acceso y el costo real del financiamiento. Más que una simple innovación tecnológica, el modelo combina crédito inmediato, débitos automáticos y una estructura dominante de mercado que concentra información, ventas y financiamiento en un mismo ecosistema.
La cuestión central no es demonizar la digitalización ni negar la utilidad del crédito rápido. El problema aparece cuando la ecuación termina favoreciendo de manera desproporcionada a la plataforma y trasladando el peso del riesgo al usuario.
En definitiva, el debate no es técnico sino político y social: quién asume los costos reales del endeudamiento, qué rol debe jugar el Estado en la regulación de estas prácticas y hasta dónde la inclusión financiera puede sostenerse sobre tasas que rozan la usura.